Gil insiste en la legalidad del plan urbano rechazado por Obras Públicas

El alcalde de Marbella, Jesús Gil, defendió ayer la "legalidad total" del PGOU ratificado por el Ayuntamiento el 4 de diciembre, pese a que la Comisión Provincial de Urbanismo lo rechazó el 30 de octubre. Gil respondió así al anuncio de la Junta, que mañana denunciará ante la Fiscalía el procedimiento utilizado por el alcalde, que hizo caso omiso a la negativa de la comisión, lo que según la Junta podría constituir un delito de prevaricación. La Consejería de Obras Públicas también avanzó que denunciará por lo penal las irregularidades urbanísticas de Gil. Hasta ahora, sólo había recurrido a la vía contenciosa. El alcalde tachó ayer la decisión de la Consejería de "parida" y acusó a su titular, Concepción Gutiérrez, de "pasarse el día estudiando acciones ilegales" contra el Ayuntamiento. Gil dijo que está tranquilo porque el Ayuntamiento "tiene aprobado su texto refundido dentro de la legalidad total" y en ejercicio de "sus competencias". A través de un comunicado, culpó a los "políticos destructivos de la Junta" de pretender crear inseguridad jurídica.

La Administración autonómica publicó hace un mes en el Boletín Oficial de la Provincia el PGOU de 1986, que es el que la Junta entiende que está vigente y que Gil ignora. "Es ilegal su publicación porque no tienen competencias para hacerlo e invaden las del Ayuntamiento", argumentó en su comunicado.

Por otra parte, la acusación particular en el caso de la estatua rusa considera acreditado que el equipo de gobierno local cometió tres delitos de falsedad documental en su adquisición. Según el abogado, se pagaron 175 millones por el monumento que, según Gil, fue un regalo.