Aznar mezcla el indulto al ex juez Gómez de Liaño con otras 1.442 medidas de gracia

El llamativo anuncio del indulto provocó una rápida polémica en medios políticos y jurídicos por dos motivos principales: por su amplitud y manera de presentarlo, que parecía casi confundirlo con un indulto general, prohibido por la Constitución, y por el hecho de que las medidas de gracia con el ex juez Gómez de Liaño incluyeran su reintegro en la carrera judicial, competencia que se supone no reside en el Gobierno sino, en su caso, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).El anuncio se realizó en la rueda de prensa inmediata a la reunión del Consejo de Ministros y Ángel Acebes insistió especialmente en que las medidas de gracia se habían decidido en consideración a la Santa Sede y a su llamamiento de que se otorguen "gestos de clemencia con los penados" con motivo del Año Jubilar.

El ministro aseguró que se habían excluido todos los casos relacionados con delitos de terrorismo, malos tratos a mujeres y niños, agresiones sexuales, tráfico grave de drogas y reincidencias significativas. Explicó que se había considerado necesario que en cada caso existiera el informe favorable del tribunal sancionador o del fiscal y que se habían distinguido dos tipos de penas: las leves, hasta tres años de prisión, según el Código Penal, y las graves, más de tres años de prisión. En los casos de penas leves se proponía el indulto total, mientras que en las penas graves se planteaban indultos parciales, pero de forma que aseguraran la concesión de la libertad condicional al beneficiado.

Según Acebes, el Gobierno tenía sobre la mesa más de 3.000 solicitudes de indulto, pero la aplicación de los criterios mencionados llevó a conceder sólo 1.443. De esas personas, el 50% está en estos momentos en la cárcel. El informe del ministro señala que 703 indultados estaban condenados con penas leves y 278 con penas graves. Un porcentaje importante, 460, son insumisos, cuya pena de inhabilitación de 10 años quedará reducida a cuatro.

Interrogado sobre si entre los indultados se encontraba el ex juez Gómez de Liaño, condenado por un delito de prevaricación continuada en el llamado caso Sogecable, el ministro informó que así era. "Y para que no me sigan preguntando, les diré que también figuran Teresa Moreno Maya Tani, los condenados por el caso Filesa [financiación irregular del PSOE] Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores". Más adelante añadió que también figuraban "algunos alcaldes" relacionados con prácticas irregulares en el PER y el de Burgos, José María Peña -independiente elegido en una lista del PP- condenado por el caso de la construcción.

Las sucesivas precisiones del ministro de Justicia sobre el caso Gómez de Liaño introdujeron mayor perplejidad. El Gobierno, dijo, ha aceptado el criterio a favor del indulto de fiscal, quien alegó, entre otras razones, "el clamor popular existente" y no el informe contrario de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que consideró que no existían motivos "ni de justicia ni de equidad". El informe del Supremo en contra del indulto añadía que la privación definitiva del cargo de juez, ya ejecutada, no podía ser objeto de indulto. Pese a ello, Acebes aseguró que el indulto permitirá al juez reintegrarse en la carrera judicial, aunque el Gobierno le ha prohibido durante 25 años que ejerza en la Audiencia Nacional, donde tiene malas relaciones. Esa medida significa que nunca volverá a la Audiencia porque para entonces ya se habrá jubilado, pero supone, según algunos expertos jurídicos, imponerle una prohibición que no ha respaldado un tribunal sino que responde a una decisión administrativa.

Si bien el indulto de Gómez de Liaño en sí no provocó ninguna discusión en medios jurídicos ni judiciales, el problema lo planteó inmediatamente el anuncio de que un ex juez prevaricador se reintegraría por decisión del Gobierno a una carrera judicial de la que fue expulsado por sentencia firme del Tribunal Supremo.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Benigno Varela, aseguró que el pleno de dicho Consejo es el órgano competente para decidir la situación del "ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por el Tribunal Supremo por un delito continuado de prevaricación, tras el indulto que le ha concedido el Gobierno". "El Consejo deliberará sobre el alcance del indulto y acordará lo que proceda", añadió Varela.

Fuentes del Supremo, por su parte, explicaron que una vez tenga en su poder el indulto, la Sala deberá considerar extinguida la pena de 15 años de inhabilitación, pero no el delito de prevaricación por el que fue condenado. Las mismas fuentes señalaron que el indulto no puede reintegrar al ex juez en la carrera judicial de la que fue expulsado definitivamente. En todo caso, el ex juez podría, si así lo estima el CGPJ, estar en condiciones de hacer oposiciones o de acceder, en su caso, a la judicatura por alguno de los otros sistemas legalmente establecidos.

Para la portavoz de Jueces para la Democracia, Monserrat Comas, el anuncio del Gobierno "es una burla a la justicia". La magistrada consideró que el Ejecutivo invadía las competencias del Consejo general del Poder Judicial.

Comas lamentó que el Gobierno considere no apto a Gómez de Liaño para volver a la Audiencia Nacional y sí para ocuparlo en otra jurisdicción, "como si hubiera ciudadanos de primera y segunda categoría".

Una opinión similar manifestó el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol: "La apariencia es que este indulto global viene a enmascarar el indulto estrella de Liaño". El portavoz de la asociación resumió su disgusto con los motivos esgrimidos por el Gobierno para conceder el conjunto de los indultos: "Para conceder indultos no hay que esperar actos festivos, como si fuera el aniversario de una boda".

José Luis Requero, de la Asociación Profesional de la Magistratura, se alegró por Gómez de Liaño, y estimó que parecía como si "se quisiera compensar un caso con otro al solapar el caso Liaño y el caso Filesa". El presidente de la misma asociación, Santiago Martínez Vares, recordó que los indultos generales están prohibidos por la Constitución. El portavoz de la Asociación Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, compartió la extrañeza por el elevado número de indultos. "Parece que se ha intentado meter el de Liaño dentro de un montón", aseguró.

La reacción en medios políticos de oposición reflejó también una gran preocupación e indignación. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó la actuación del Gobierno de "utilización política del derecho de gracia".

El catedrático de Derecho Constitucional y diputado socialista Diego López Garrido explicó que más grave que la decisión de reintegrar a un ex juez prevaricador en el ejercicio de la carrera, que, según él, podrá ser rechazada por el Consejo del Poder Judicial, es la utilización fraudulenta del indulto. "Conceder centenares de indultos individuales a petición del Papa, como ha dicho públicamente el vicepresidente Mariano Rajoy, supone un fraude del precepto constitucional que prohíbe los indultos generales".

Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, se quejó de que los indultos "justos", como los aplicados a los insumisos, hayan servido para ocultar lo que interesaba a un Gobierno que actúa como un soberano absolutista".

El portavoz de CiU en el Congreso, Xavier Trias, mostró su sorpresa por "un hecho insólito", aunque dijo que lo respetaba si los indultos obedecían a una petición papal. Ignasi Guardans, del mismo grupo, calificó de "escandalosa" la medida de gracia con Gómez de Liaño: "Creo que es muy perjudicial para la confianza en el sistema judicial", explicó.