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Un acusado en el 'caso Urbanor' involucra a Sarasola en la operación

Rafael Montes, acusado en el caso Urbanor junto a Álvaro Álvarez Alonso y Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, desveló ayer que "el representante en España" de Horwitz Corporation era el empresario Enrique Sarasola. Montes lo explicó durante el juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid por el caso Urbanor (supuestas irregularidades en la venta a KIO del solar de 125.000 metros cuadrados que acoge las torres inclinadas del mismo nombre). Horwitz, una sociedad radicada en Panamá y considerada por las acusaciones como meramente instrumental, obtuvo varios miles de millones de pesetas en la venta a KIO de su 14% de acciones en Urbanor, propietaria del citado solar. Según el fiscal del caso Urbanor, Emilio Valerio, es la primera vez a lo largo de este proceso judicial que un acusado, en este caso, Montes, vincula directamente a Sarasola con Horwitz. Esta sociedad llegó a Urbanor de la mano de los Albertos, que poseían el 40% de las acciones de Urbanor y quienes, ante el resto de accionistas de Urbanor, se encargaron en 1987 de buscar un comprador para el solar, que luego fue KIO.

"150.000 pesetas el metro"

Montes era empleado del grupo Construcciones y Contratas y apoderado de Horwitz. El fiscal le ha sentado en el banquillo -y, al igual que a los otros tres acusados, le pide seis años de cárcel- por haber remitido una carta a una parte de los accionistas de Urbanor en la que les informaba de que el comprador del solar sólo pagaría "un máximo de 150.000 pesetas" por cada metro cuadrado. Estos otros accionistas de Urbanor -entre ellos, los del grupo Astor, autor de la querella- comprobaron luego que ese dato era falso y que, en realidad, KIO pagó a 231.000 pesetas el metro cuadrado de suelo, según el fiscal. Valerio asegura que los acusados se sobrerretribuyeron sus acciones y se apropiaron de 4.300 de los cerca de 27.000 millones de pesetas que KIO pagó por las acciones de los terrenos y que debieron ser distribuidos entre todos los accionistas sin diferencias. Montes explicó ayer que su responsabilidad en la gestión del terreno donde se construyeron las torres KIO concluyó en octubre de 1988, cuando Cortina y Alcocer, sus superiores en la inmobiliaria de Construcciones y Contratas que él dirigía, le indicaron que el solar iba a ser vendido a una firma, sin especificar, y que paralizase el proyecto inmobiliario que tenía diseñado.

Montes aseguró que aceptó ser apoderado de Horwitz por indicación de sus jefes, los Albertos, y que su labor fue la de mero transmisor de las cartas dirigidas por la empresa compradora, que resultó ser KIO, al resto de accionistas. "Yo no me responsabilizo del contenido de esas cartas; mis jefes me las dieron para que la transmitiera y eso hice", destacó Montes.

Mediante la venta de los terrenos de Urbanor, los Albertos se hicieron con las acciones que poseía KIO en 1987 en el antiguo Banco Central, que se tasaron en 19.000 millones; y el grupo kuwaití, con el solar de la plaza de Castilla. Es decir, hubo una permuta.

Montes negó ayer "rotundamente" que conociera la vinculación de la venta de este terreno a la operación Cartera Central y aseveró que nunca mantuvo una reunión con Sarasola. Manifestó que supo que Sarasola era el responsable de Horwitz en España porque se lo dijeron sus jefes, los Albertos. Y trató de dejar claro que toda su actuación en Horwitz fue por indicación de "los señores Cortina y Alcocer". En el sumario figura una carta en la que los Albertos le exculpan de responsabilidad en el caso.

La de ayer fue la tercera sesión del juicio por el caso Urbanor. Al inicio de la vista, la Sección Séptima de la Audiencia informó a las partes de que se pronunciará en la futura sentencia sobre la prescripción de los delitos de apropiación, falsedad y estafa que se imputan a los acusados. Los abogados de la defensa habían pedido al tribunal que dictaminase ya la prescripción de los delitos y parase el juicio. Los jueces también desestimaron la petición para que se anule "por indefensión" el proceso respecto al acusado Álvaro Álvarez.

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