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ETA VUELVE A MATAR

Desactivado un paquete bomba dirigido al periodista Raúl del Pozo

Artificieros de la policía desactivaron anoche en una estafeta de Correos de Madrid un paquete-bomba remitido al periodista y columnista del diario El Mundo Raúl del Pozo. El artefacto, compuesto por entre 130 y 170 gramos de explosivos identificado en principio como pólvora, estaba camuflado en una pequeña caja. Los agentes detallaron que no iba dotado de ninguna célula fotoeléctrica que pudiese activar la bomba al destapar el paquete. Según las primeras pesquisas, la policía descarta que se trate de una acción con el sello de la banda terrorista ETA. Un funcionario de la estafeta de correos del barrio madrileño de Chamartín (donde se encuentra la central de reparto de cartas en la capital de España) sospechó del paquete y descubrió posteriormente que iba dirigido al periodista Raúl del Pozo. El envío fue inspeccionados mediante el detector de metales, que dio positivo con un leve pitido. Los vigilantes jurados avisaron de este hecho a la policía y desalojaron dos departamentos de la oficina de correos.

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Un equipo de ténicos en explosivos de la policía (Tedax) desactivó el artefacto sobre las diez y media de la noche. Los agentes remitieron el paquete a sus laboratorios de Madrid para determinar su composición exacta y rastrear las huellas.

El pasado mes de marzo la policía desactivó en el centro Territotrial de Sevilla otro paquete bomba dirigido al periodista Carlos Herrera. Los artificieros impidieron que estallase una caja que contenía entre 100 y 150 gramos de Goma 2, camuflada en un paquete de puros Montecristo.

En julio pasado también fueron remitidos sendos paquetes a los diarios Abc y La Razón y al Movimiento contra la Intolerancia. Los tres envíos descubiertos eran artefactos caseros sin material explosivo en su interior. Tan sólo llevaban cables, un reloj digital y una lata con líquido. El supuesto remitente de aquellos tres paquetes eran un preso peligroso que se había suicidado. Este dato hizo creer a la policía que los autores de los envíos pudieran ser miembros de los grupos que trabajan en defensa de los presos.

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