El PP expulsará de sus filas a los concejales vascos que rehúsen llevar escolta permanente

El PP ha llamado al orden a la veintena de concejales vascos que se resistían a vivir con escolta. El asesinato del edil Manuel Indiano, el pasado miércoles en Zumárraga (Guipúzcoa), que renunció en abril a la protección ofrecida por el partido, ha convertido en obligatorias las medidas de seguridad que hasta ahora eran voluntarias. No aceptar a los guardaespaldas conllevará la expulsión del partido; y la misma sanción tendrán quienes intenten rehuir o despistar a sus escoltas para salir sin protección, según la decisión adoptada por la dirección del PP vasco tras el aviso del ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, de incrementar al máximo la disciplina para obstaculizar la escalada criminal de ETA.Apenas habían transcurrido unas horas desde el acribillamiento de Indiano cuando María San Gil, la presidenta del PP de Guipúzcoa, llamó por teléfono a los tres ediles de su provincia que se resistían a vivir con la sombra permanente de los escoltas. "Se acabó", les dijo. "Con Pedrosa e Indiano ya hemos tenido suficiente. No se trata de un ruego. Es una orden". Poco después, siete concejales de Vizcaya también voluntariamente desprotegidos recibieron la misma instrucción; al igual que en Álava, donde una docena de concejales argumentaba que en el pueblo los conoce todo el mundo, que se llevan bien con los de EH y que a ellos no les va a pasar nada. Lo mismo que decían, les recordó San Gil, Pedrosa e Indiano. En Álava, además, un grupo de concejales de procedencia rural planteó: "¿Cómo vamos a subir cada día al tractor con un escolta a a cada lado?". Carlos Iturgaiz, presidente del PP de Euskadi, ha negociado estos casos con la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza, de forma que, hoy por hoy, no queda un concejal del PP en Euskadi que no cuente, al menos, con un guardaespaldas. Saben que es condición indispensable para seguir en el partido y que el PP está dispuesto a incrementar si es necesario los 1.400 millones de pesetas anuales que invierte en la seguridad de sus 223 concejales vascos.

Iturgaiz no esconde su temor a que se repita lo ocurrido en atentados anteriores: "El día del entierro todos asumen la necesidad de la escolta y al cabo de una semana cambian de opinión", comenta. San Gil sabe que es duro vivir de esa forma, pero peor es no vivir. Así responde a los concejales que protestan porque se resisten a perder la intimidad, la libertad de movimientos, el no poder pasear con los amigos, ir al cine o a una discoteca. "Sé lo difícil que resulta concertar una primera cita con dos desconocidos a tus espaldas, o no poder besar a tu novio... Pero mientras estos nazis campen por sus respetos y haya quien se lo consienta, no tenemos opción", dice.

Los más jóvenes, sin embargo, no se quejan. Han aprendido a convivir con el miedo desde que pisaron la universidad y asumen que la escolta forma parte del precio que tienen que pagar por presentarse a las elecciones bajo siglas no nacionalistas. Incluso lo agradecen.

Cuando José Ángel Encinas Rovalo, de 25 años, concejal del PP en Lasarte (Guipúzcoa) narra cómo aguanta los insultos de los abertzales, o admite que pasa el fin de semana sin móvil porque lo olvidó en el coche antes de despedir a la escolta, y asegura además que es "un privilegiado", causa tal desconcierto entre quienes no viven en el País Vasco que sus compañeros de partido aclaran: "Sí, tenemos mucha suerte".

Incendian sus coches, les tildan de asesinos, apedrean los negocios familiares, les advierten de lo próxima que está su muerte, atacan sus domicilios, reciben paquetes bomba, les rodean individuos con pintura roja sobre la ropa... La lista de víctimas es larga: Santiago Ramírez en Treviño; Agustín Ramos y Juan José Gastañazatorre en Durango; Ana Crespo (Ermua); Celestino Urdiales (Santzurzi); María Ángeles Bastos (Rentería); Lucía Peralta (Zaratuz); José Luis Ruiz (Villaba); Fernando Visa (Vitoria); Santiago Abascal (Amurrio); Pilar Elías (Azkoitia); Marisa Arrue (Getxo); José María Goñi (Navarra); Germán López (Ondarroa); Regina Otaola y Carmen Larrañaga (Eibar), Adrián Castro (Bilbao), Israel Núñez (Zalla), Victorio Fernández (Erandio)... Todos fueron atacados durante y después de la ruptura de la tregua de ETA, el 3 de diciembre de 1999.

Al último de los concejales mencionados, Victorio Fernández, un juzgado de Barakaldo le ha condenado a indemnizar con 68.000 pesetas a uno de los jóvenes que destrozó, por cuarta vez, la tienda de muebles de cocina que posee en Santurtzi. Armado con una pistola de fogueo, entró en un bar, agarró al joven por el cuello y le condujo entre golpes hasta la comisaría de la Ertzaintza. El juez le condenó por entender que "hubiera podido pedir ayuda a los agentes, en vez de utilizar la violencia". En la zona de Mondragón, un edil del PP sigue conmocionado desde que vio cómo su hijo, miembro de Haika -la organización juvenil que simpatiza con ETA- , se cruzó de brazos ante el incendio que los violentos provocaron en su domicilio. ¿Y continúan considerándose afortunados?

"Sin duda", responde Laura Garrido-Knörr, de 29 años, concejal en el Ayuntamiento de Barundia (Álava). "Somos de los pocos vascos no nacionalistas que podemos decir en voz alta lo que pensamos con alguien protegiendo nuestras vidas". Esta joven se casa dentro de pocos días. Y ha tenido que tachar de la lista de invitados algunos nombres que han excusado su asistencia. "Se han borrado por miedo a que estalle una bomba en mitad del banquete, pero no me importa. Me he acostumbrado", comenta. Laura, José Ángel, Luis, Santiago Abascal, Ramón Gómez, Borja Semper, los ediles con edades parecidas a las de Indiano (29 años) y trayectorias políticas similares, aseguran haber vivido una democracia mediatizada por la presión de los abertzales en calles y facultades. Cuando asesinaron a Gregorio Ordóñez se plantearon afiliarse al PP; la muerte de Miguel Ángel Blanco les acabó de convencer. Desde entonces ETA ha asesinado a ocho concejales más. Pero no se arredran. Eva María Illán (32 años), concejal en el Ayuntamiento de Irún, insiste en que no hay vuelta atrás: "Hemos optado por la democracia".