Los militares dan un paso al frente

Los ejércitos que sostuvieron dictaduras en el Cono Sur comienzan a reconocer violaciones de los derechos humanos

Posiciones encontradas

Más de una década después del fin de las dictaduras latinoamericanas, las cúpulas militares empiezan a dar tímidos pasos hacia el reconocimiento de las gravísimas violaciones de derechos humanos que cometieron sus compañeros de armas. Primero fue Chile (17 años de dictadura, de 1973 a 1990), donde los militares se han comprometido a entregar información sobre el paradero de los restos de al menos 300 desaparecidos a cambio de impunidad. Sin embargo, nadie alberga esperanzas de que puedan recuperarse los restos de los 1.200 detenidos-desaparecidos, que en muchos casos fueron arrojados al mar, a la cordillera andina, a cráteres de volcanes o se dinamitaron los cuerpos. Por eso, el jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, mencionó la cifra de 300 cuerpos.Los uniformados que aporten información estarán amparados por la ley de secreto profesional, de reciente aprobación, y no podrán ser sancionados. El acuerdo firmado el mes pasado fue la conclusión de 10 meses de trabajo de la llamada Mesa de Diálogo, en la que se sentaron por primera vez las Fuerzas Armadas, abogados de las víctimas y representantes de la Iglesia, el Gobierno y distintos sectores de la sociedad. La Mesa, aplaudida por la mayoría, no consiguió incorporar a los familiares de los detenidos-desaparecidos, que consideran que se trata de una iniciativa para dar carpetazo a las violaciones de derechos humanos.

En Uruguay (12 años de dictadura, de 1973 a 1985), el propio presidente Jorge Batlle ha empeñado su palabra de que hará todo lo posible por buscar la verdad de la represión de la dictadura. El presidente ha anunciado la inminente creación de una Comisión para la Paz que tendrá como objetivo "sellar la paz entre los uruguayos". Batlle ha tratado el tema de la entrega de información sobre los 175 desaparecidos con su ministro de Defensa, Luis Brezzo, y el comandante jefe del Ejército, general Juan Geymonat, quienes, según el presidente, han mostrado buena disposición para cooperar. En Uruguay se dictó una ley de amnistía que garantiza la plena impunidad a los violadores de derechos humanos y que ha impedido cualquier acción de la justicia.

Argentina (dictadura desde 1976 a 1983) es el país donde la represión alcanzó mayores cotas de brutalidad (30.000 desaparecidos). A pesar de que los jefes de las Juntas Militares fueron juzgados y condenados en 1985 bajo el Gobierno de Alfonsín, y posteriormente indultados por el presidente Menem, los uniformados han negado sistemáticamente toda colaboración con la justicia. Se amparan en que no disponen de información, ya que los archivos sobre la represión de la dictadura fueron destruidos en 1983.

No obstante, esta semana se ha conocido que los jefes Fuerzas Armadas se reunieron con el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Bergoglio, para tratar de implicar a la Iglesia católica en una salida al problema de la verdad y la justicia. El Episcopado ha expresado su total disposición para "encontrar la anhelada reconciliación nacional" sobre los desaparecidos.

Los organismos de derechos humanos ven en esta iniciativa un mero intento de cerrar las heridas y evitar la acción de la justicia. En el Gobierno, ha generado posiciones encontradas. Para el ministro del Interior, Federico Storani, es un paso positivo, mientras Ricardo Gil Lavedra, titular de Justicia y antiguo miembro del tribunal que juzgó a las Juntas de la dictadura, recuerda que ya hay un espacio abierto para averiguar el paradero de los desaparecidos: los llamados juicios por la verdad, que no tienen consecuencias penales contra los acusados por estar amparados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.Estos juicios constituyen una fuente de permanente malestar en las Fuerzas Armadas, por el desfile de uniformados en retiro ante los tribunales. El paso al frente dado por los generales de la postdictadura es limitado y responde, esencialmente, a la persecución judicial; han tomado buena nota del caso Pinochet. No hay en su actitud un atisbo de arrepentimiento por los atropellos cometidos en el pasado.