El cerco se cierra sobre Astilleros Españoles. La Comisión Europea anunció ayer que abrirá una investigación porque cree que el Gobierno inyectó ayudas por 10.000 millones al comprar la SEPI los astilleros de Juliana (Gijón) y Cádiz y la planta de motores Diesel de Manises (Valencia). A ese problema se añade la posibilidad de que Bruselas denuncie a España porque Astilleros no ha devuelto 18.451 millones que en octubre pasado fueron declarados ayudas ilegales. La denuncia podría aprobarse antes de agosto. Hace sólo unos días, Bruselas denunció a España por la aplicación de la acción de oro.

El efecto combinado de esas decisiones pone de nuevo a Astilleros Españoles (AESA) en una situación delicadísima porque la compañía se puede ver obligada a devolver cerca de 30.000 millones en un momento de baja actividad. Las medidas pactadas con Corea de Sur en primavera para acabar con la competencia desleal de este país no se han traducido, al menos hasta ahora, en una mejora de la cartera de pedidos y de la tasa de actividad de la construcción naval española.La operación que ayer acordó investigar la Comisión despertó sospechas desde el primer momento. El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pedro Ferreras, ya admitió en diciembre pasado que ese holding compraría activos de Astilleros Españoles para inyectar fondos a esas empresas y salvar su futuro, a pesar de que "prevemos problemas con la Comisión Europea".

Acuerdo

Tras llegar a un acuerdo con los sindicatos, la SEPI adquirió a Astilleros Españoles las instalaciones navales de Juliana y Cádiz y la fábrica de motores de Manises por unos 10.000 millones de pesetas. Ayer, la SEPI afirmó que fue una operación "normal" que no alteró las masas patrimoniales de ambas compañías. En el mismo sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que la compra de los astilleros "no debe calificarse como ayuda de Estado", ya que se ha ajustado "a las normas contables europeas".Muy al contrario, la Comisión cree que esas operaciones no tenían ningún sentido comercial y que su único objetivo era el de dar liquidez a Astilleros en un momento de graves dificultades financieras, por lo que sospecha que son ayudas de Estado.

Por eso, ha decidido abrir una investigación para determinar si considera que esa operación constituye un nuevo caso de ayudas públicas encubiertas que deben ser notificadas al Ejecutivo europeo para que éste pueda decidir posteriormente si son legales o no. En este caso es prácticamente seguro que serían declaradas subvenciones ilegales, porque las ayudas a AESA se enmarcan en un plan muy estricto y controlado muy de cerca por Bruselas.

Para el año 2000, las ayudas prorrogadas por la Comisión se elevan a algo más de 6.000 millones de pesetas. La Comisión Europea recordó ayer que el Gobierno español debe notificarle "cualquier medida, incluida una eventual fusión con Bazán, antes de que sea ejecutada".

Los rígidos controles de la Comisión sobre el sector naval europeo en reconstrucción ya le crearon el año pasado fuertes quebraderos de cabeza al Gobierno español. En octubre pasado, la Comisión Europea declaró como ayudas ilegales los 18.450 millones que el Ejecutivo inyectó en Astilleros en forma de exenciones fiscales. Al declararlos ayudas ilegales obligó a la empresa naval a devolverlos.

"El Gobierno español todavía no ha ejecutado la decisión, por lo que vamos a denunciar a España ante el Tribunal de las Comunidades Europeas para que inste al Gobierno a cumplirla y obligar a Astilleros a devolver ese dinero", declararon a este diario fuentes de la Comisión. Las mismas fuentes creen "muy posible" que la denuncia se decida antes de las vacaciones.