Multado con 3,2 millones por dejar morir de hambre a ocho caballos

Varios meses insepultos

El Consejo de Gobierno regional aprobó ayer un acuerdo por el que se impone a José María Fernández Romero, arrendatario de una finca situada en Colmenar de Oreja, una multa de 3,2 millones de pesetas por haber dejado morir de hambre a ocho caballos de su propiedad. Esta infracción está considerada como muy grave por la Ley regional 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales Domésticos.El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, informó ayer que el Consejo de Gobierno ha decidido imponer a Fernández Romero -actualmente en paradero desconocido- ocho multas de 400.000 pesetas cada una, una por cada animal muerto, lo que hace un total de 3,2 millones de pesetas.

Ruiz-Gallardón explicó que el 12 de mayo de 1997, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Chinchón recibió un aviso telefónico de una persona que informaba sobre la existencia de unos caballos muertos en una finca situada en el paraje denominado Valdeguerra, en Colmenar de Oreja.

Tres días después, el 15 de mayo, una patrulla del Seprona, acompañada por una veterinaria de la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid, acudió al lugar, donde los agentes comprobaron la existencia de ocho cadáveres de equinos, seis de ellos en el interior de unas naves y los otros dos en un extremo de la citada finca. Los caballos estaban famélicos, con las costillas y los huesos de las patas marcadas. Sus cadáveres habían sido tapados con unas mantas.

Tras los exámenes forenses pertinentes, se comprobó que todos ellos habían muerto de inanición y que llevaban semanas, e incluso meses, sin haber sido enterrados. La inspección de la finca se realizó en presencia de su dueño, ya que el propietario de los animales, José María Fernández, se encontraba en paradero desconocido. Pese a conocerse su dirección y su número de teléfono, los agentes de la Guardia Civil no pudieron localizarle.A partir de la denuncia realizada por el Seprona, la Dirección General de Agricultura -dependiente de la Consejería de Medio Ambiente- decidió iniciar, el pasado 4 de enero, el correspondiente procedimiento sancionador contra el propietario de las reses por "malos tratos y agresiones físicas a los animales". No obstante, este expediente se ha tramitado sin que el sancionado haya comparecido en ninguno de sus trámites, continuando éste actualmente en paradero desconocido, según la Guardia Civil.

El director general de Agricultura de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad, José Javier García Cañete, aclaró ayer que se trata de una "sanción económica ejemplar, impuesta con la intención de reducir al máximo el maltrato a los animales por parte de sus propietarios".