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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Multa sin policía

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), una de las instituciones que más ha dinamizado la construcción comunitaria, ha vuelto a sentar jurisprudencia al imponer ayer a Grecia una multa coercitiva por incumplimiento de una anterior sentencia. Es la primera vez que el Tribunal hace uso de esta posibilidad, que se introdujo en el Tratado de Maastricht para reforzar las capacidades de presión de unos jueces que no disponen de policía ni de otros instrumentos que suelen tener los Estados para hacer cumplir sus sentencias. Grecia tendrá que pagar 20.000 euros (más de 3.300.000 pesetas) diarios hasta que cumpla la sentencia por la que fue condenada en 1992 y que obligaba a la eliminación de residuos, algunos de ellos tóxicos, en Canea, en la isla de Creta. Es algo menos de lo que proponía la Comisión Europea. El Tribunal ha tomado en consideración para fijar la cuantía la duración de la infracción, su gravedad y la capacidad de pago de Grecia.

Hasta ahora, la fuerza del Tribunal se había basado en el acatamiento general de sus sentencias, por voluntad y compromiso de los Estados. La nueva vía abierta por Maastricht -la posibilidad de imponer "el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva" al Estado miembro que incumpla una sentencia- ha dotado a los jueces de una nueva arma, aunque no de los instrumentos para forzar a pagar la multa, que quedan esencialmente en manos de los Estados.

Aunque el Tribunal considera que la causa principal del incumplimiento de la sentencia se debe a la lentitud y desidia de los ayuntamientos afectados, el Gobierno griego se apresuró ayer a declarar que eliminará los vertidos "lo antes posible" y, entretanto, pagará la multa fijada. Tal actitud contribuye a que se mantenga este derecho sin policía sobre el que, en buena parte, se mantiene el armazón de este objeto político de nuevo cuño que es la Unión Europea, menos que un Estado, pero mucho más que una organización internacional, y que cuenta con un tribunal cuyos cometidos de última instancia y cuasiconstitucionales se asemejan a los del Supremo estadounidense. Ayer, el Tribunal de Luxemburgo dio un paso más para asentar el respeto del derecho comunitario.

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