El concejal de Vivienda destapa la venta de pisos protegidos en barrios del norte a precios ilegales

Comprar un piso protegido con subvenciones públicas al precio fijado por la Administración se está volviendo imposible en los nuevos barrios del norte promovidos por privados. Así lo aseguró ayer el concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez (PP), que reconoce que en estos barrios se paga "bajo cuerda" más dinero del fijado por la ley para casas de protección oficial. Los promotores privados calculan que esta venta ilegal mueve en Madrid cerca de 100.000 millones en dinero negro. Herráez solicitó ayer medidas, como "una policía urbanística", a la Comunidad para frenar esta venta irregular.

Piscinas y trasteros

Herráez no confirma el multimillonario fraude calculado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Asprima), pero reconoce que esta venta irregular se está produciendo ya en los nuevos barrios del norte, en Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas. En esta zona se van a levantar cerca de 20.000 pisos protegidos que tienen un precio tasado fijado por la Administración para los ciudadanos de ingresos medios o bajos. Una vivienda de 80 metros cuadrados con protección oficial sólo puede costar unos 12 millones, y si es de precio tasado, alrededor de 16 millones. Pero, según reconoció ayer Herráez, en los nuevos barrios del norte los precios se han disparado. "Los vendedores obligan a los compradores a que incluyan mejoras obligatorias. Les dicen, por ejemplo, que adquieran una puerta blindada por un millón de pesetas, y si el vendedor no lo acepta, pues no le venden el piso", explicó el concejal. Herráez solicitó a la Comunidad de Madrid, "que es quien ha puesto en marcha la normativa de vivienda protegida", que tome medidas para que los pisos se vendan a los precios legales. "Tal vez se debería crear una policía urbanística, encargada de vigilar este asunto", añadió el concejal. El edil de Vivienda precisó que el fenómeno de encarecimiento irregular de pisos protegidos no ocurre ni en Carabanchel ni en Vallecas, lugares donde la Administración pública, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) o del Ivima, ha comprado suelo para edificar. En el resto de los nuevos barrios el Ayuntamiento no puede controlar a los promotores privados ni a los propietarios de suelo, que venden a unos precios muy superiores a los que permitirían construir pisos a 12 millones.

Herráez, que ayer participó junto a representantes de la Asprima en una mesa redonda sobre vivienda celebrada en un hotel madrileño, animó a estos empresarios "a que denuncien y vigilen, porque está en juego su descrédito como profesionales". El edil de Vivienda también animó a los consumidores a que "no entren en el juego y sólo se comprometan a pagar lo que marca la ley". Herráez concluyó: "Es difícil llevar a alguien a la cárcel, ya que vendedor y comprador pactan por escrito".

El presidente de la comisión de Vivienda, José Antonio García-Luengo, justificó de alguna manera esta práctica de los constructores, según Efe. A su juicio, los costes de construcción y promoción y el margen de beneficio necesario no permiten ajustarse a los precios máximos fijados por la legislación, por lo que se ven obligados a "incluir servicios complementarios, como trasteros, piscinas u otros aditamentos innecesarios o a cobrar parte del dinero sin declararlo". Herráez replicó: "En Vallecas y Carabanchel los precios de vivienda protegida se van a mantener".El edil de Vivienda animó ayer a los vecinos a los que los promotores quieran cobrarles más dinero del debido por un piso protegido a que acudan a la Oficina de Defensa del Consumidor de Madrid.

Francisco Naranjo, portavoz de Vitra, cooperativa de viviendas dependiente de CC OO que ha levantado en Madrid más de 3.000 pisos protegidos, pidió "tanto a la Administración, Comunidad y Ayuntamiento, como a los promotores privados que denuncien ante el fiscal todos los casos de fraude que conozcan". Naranjo también criticó que los nuevos barrios del norte de Madrid "hayan quedado completamente en manos de promotores privados, sin ningún tipo de control de la Administración, lo que ha provocado que el precio del suelo se haya disparado y sea imposible comprar un piso protegido al precio legal".

El Plan General de Urbanismo, aprobado en 1997 por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, recalificó para construir viviendas una gran extensión de terreno en las afueras de la ciudad con la intención, confesada por el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río (PP), de que el precio de la vivienda bajara gracias al gran número de casas protegidas previstas en los nuevos barrios.