La UPV quiere resolver antes del nuevo curso la investigación de las irregularidades en Medicina
El Rectorado de la Universidad del País Vasco (UPV) espera que cuando comience en octubre el nuevo curso estén concluidas las investigaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas en la Facultad de Medicina y Odontología. Éstas se centran en el funcionamiento anómalo de la clínica odontológica, donde se han descubierto graves desajustes económicos y académicos, que afectan de lleno al decano, Francisco Javier Goiriena, y a la directora del Departamento de Estomatología, Monserrat Barranquero, a quienes se ha abierto un expediente disciplinario.
La Comisión de Disciplina de la Junta de Gobierno de la UPV se ocupa de intentar aclarar la vertiente académica y administrativa de las presuntas anomalías afloradas y la responsabilidad en ellas de Goiriena y Barranquero, mientras que el servicio de control interno del Rectorado continúa desentrañando los aspectos económicos del caso, que se centra en la gestión irregular de la clínica odontológica en la que hacen prácticas los alumnos de Estomatología. "Nuestro propósito es sanear esa clínica y ese departamento para cuando empiece el nuevo curso", ha señalado un miembro del Rectorado, que calificó de "anormalidades gruesas" los hechos descubiertos. Las sospechas sobre la existencia de graves irregularidades en en la Facultad de Medicina y Odontología vienen de antaño. En enero de 1999, tras recibirse algunas denuncias, la Comisión Económica de la Junta de Gobierno (integrada por profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios) solicitó una auditoría del departamento de Estomatología, en el que se integra la clínica. La investigación, que se limitó al año 1997, apuntó una serie de anomalías en la contabilidad del departamento, en la gestión de los cursos de posgrado ofertados y en el funcionamiento de la clínica odontológica, que opera desde hace 17 años en una situación de alegalidad, sin disponer de los preceptivos permisos administrativos. El entonces rector, Pello Salaburu, encargó una auditoría externa a la firma Price Waterhouse, que confirmó las deficiencias apuntadas y encontró otras nuevas en el ejercicio de 1997. Sin embargo, no tomó ninguna decisión y pasó las dos investigaciones a su sucesor, Manuel Montero. Cuando el caso trascendió, el pasado mes de marzo, Salaburu alegó que no había tomado cartas en el asunto ante la inminencia de las elecciones para elegir a su sucesor. Manuel Montero fue elegido rector el 2 de marzo pasado y el día 20 asumió el cargo y conoció la situación del departamento de Estomatología.
Al día siguiente de prometer su cargo, el rector creó una comisión de investigación formada por seis vicerrectores. Tras estudiar ambas auditorías, la interna y la externa, aconsejaron la intervención de la gestión económica del Departamento de Estomatología y de la clínica odontológica, ante las irregularidades "de extrema gravedad" halladas, según señalaba la nota en la que la anunció el Rectorado .
La medida, insólita en la universidad, supuso en la práctica dejar en suspenso "ciertas facultades" del decano Goiriena. Entre los motivos para hacerlo, además de los indicios de igraves anomalías en la gestión académica y económica, estaba el de facilitar al servicio de control interno el acceso a toda la documentación necesaria. La falta de colaboración, cuando no la obstrucción, fue la norma de conducta del decano y de Monserrat Barranquero ante los auditores internos y externos. A raíz de la intervención comenzó una más exhaustiva y amplia investigación de la gestión económica por parte del servicio de control interno, puesto que su auditoría abarca los ejercicios de 1998 y 1999. El Rectorado explicó también que intervenía la clínica para regularizar su funcionamiento, ya que carece de licencia municipal y del permiso de actividad de Industria. Ello requiere previamente constituir una fundación que sea la entidad titular de la clínica en la que los alumnos de Odontología realizan sus prácticas. El plazo para regularizar la clínica dado por el Gobierno expira el 30 de junio. A su vez, el Rectorado espera que las auditorías de las cuentas estén concluidas para finales de julio, según el vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia.
Tomas de declaración
La otra investigación es la que desarrolla la comisión de disciplina. Ésta, integrada por el rector, profesores, alumnos, personal no docente y representantes del Consejo Social, decidió el 30 de mayo abrir sendos expedientes al decano Goiriena y a la directora del departamento, Monserrat Barranquero. La comisión ha nombrado a uno de sus integrantes como instructor. Es el comienzo de un proceso en que deberá tomar declaración a los dos expedientados y a miembros del profesorado y alumnos de la Facultad de Medicina y Odontología. Tanto Javier Goiriena como Barranquero permanecen al frente de sus cargos respectivos, aunque ambos han cogido la baja médica; una medida que, según fuentes del Rectorado, estaría dirigida a retrasar su comparecencia ante el instructor del expediente. Ambas investigaciones concluirán antes del inicio del curso próximo, si se cumplen los plazos previstos por el Rectorado.
Profesores que no lo son
Dentro de las "anomalías gruesas" afloradas en el departamento de Estomatología y la clínica odontológica destacan las que se refieren al ámbito académico. Los investigadores no salieron de su estupor al descubrir que había dos personas que daban clases a los alumnos sin ser profesores. No sólo carecían de una vinculación contractual con el departamento, sino que tampoco tenían la titulación requerida para impartir la docencia, según han revelado fuentes del Rectorado. Este es uno de los hechos que se incluyen en el expediente disciplinario incoado contra el decano y la directora del departamento, Monserrat Barranquero, que mantienen una relación de años. También se ha puesto de manifiesto que la profesora Barranquero era la encargada de compras de la clínica odontológica -un capítulo que mueve una importante cantidad de dinero- y al mismo tiempo figura como administradora y propietaria de varias empresas del ramo, algo supuestamente incompatible con su cargo de directora de departamento. En una de dichas empresas con domicilio social en Bilbao compartía la propiedad con Francisco Javier Goiriena.
Por otro lado, las personas encargadas de la investigación se han sorprendido al comprobar el elevado número de sillones dentales con que cuenta la clínica odontólógica para las prácticas de los alumnos: alrededor de sesenta. El precio de cada unidad rebasa los dos millones de pesetas. Varios de estos sillones fueron localizados por la Ertzaintza en la planta alquilada de un caserío próximo al campus de Leioa, pese a que la universidad cuenta con espacio suficiente para almacenar materiales. La ausencia de un inventario de los aparatos y materiales con que cuenta la clínica es otra de las anomalías a las que se enfrentan los investigadores.
Profesores de Estomatología que no se identificaban repartieron la semana pasada un comunicado en el que criticaron al Rectorado por buscar sólo "indicios de culpabilidad y no una presunción de inocencia".
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