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El Ararteko revela importantes carencias en la red asistencial a enfermos mentales crónicos

a El ararteko, Xabier Markiegi, criticó ayer las importantes carencias que sufre la red de asistencia extrahospitalaria encargada de atender a las personas con enfermedades mentales crónicas. En un informe monográfico sobre la atención a estos pacientes, Markiegi deplora especialmente la ausencia de recursos para su rehabilitación, como centros de día y talleres ocupacionales. La falta de estos servicios evidencia, en su opinión, la "insuficiente" voluntad de las instituciones para apostar por una atención extrahospitalaria real que supere "la mera declaración de principios".

Markiegi entregó su trabajo al presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, y después presentó las conclusiones más interesantes, obtenidas tras entrevistar a 405 personas con trastornos mentales crónicos, a sus cuidadores y a los profesionales de la atención psiquiátrica. El objetivo del informe es analizar globalmente la situación actual y las necesidades de las personas con enfermedades mentales crónicas que viven en Euskadi y de sus familiares más directos. Así, el documento analiza cuestiones básicas como cuál es la respuesta institucional que se da a estos pacientes, qué colectivos presentan más carencias y si son suficientes o no los recursos disponibles.La reforma psiquiátrica iniciada hace 15 años y plasmada en la puesta en marcha de pequeños centros de salud mental, alejados del concepto de manicomio manejado hasta entonces, ha ayudado a que los transtornos mentales sean cada vez mejor aceptados y comprendidos. De esta forma, el estigma social que tradicionalmente ha tenido que afrontar el enfermo mental se diluye poco a poco, aunque aún es perceptible. Éste es el aspecto más aplaudido por los colectivos afectados, y así se resalta en el informe monográfico presentado ayer. A partir de ahí, las críticas y las recomendaciones a las instituciones se suceden.

Descoordinación

En primer lugar, el Ararteko aboga por clarificar las responsabilidades de las diferentes instituciones y de coordinar y desarrollar el espacio sociosanitario. Mientras que la asistencia sanitaria a los enfermos es competencia del Gobierno vasco, la atención social (alojamiento, alimentación, capacitación cultural, integración social) corresponde a las diputaciones y los ayuntamientos. Sin embargo, ni la legislación sanitaria ni la social establecen mecanismos de coordinación, por lo que en la práctica se produce una confrontación con claras consecuencias negativas: lagunas de atención, prestaciones de las que nadie se responsabiliza, solapamientos, contradicciones, desequilibrios entre servicios, duplicidades,...

Por otra parte, la red asistencial pública presenta una acusada falta de recursos de cuidados intermedios para la rehabilitación, indispensables para poder atender a las personas que salen de los hospitales psiquiátricos y para complementar las intervenciones realizadas en los centros de salud mental. "Los recursos que hay de este tipo, como centros de día, programas de prevención, de promoción de la salud y de empleo o alojamientos surgen de la iniciativa de las asociaciones de enfermos psíquicos", explicó Markiegi, quien instó a las administraciones, sobre todo en lo relativo a los servicios sociales, a hacerse cargo de esta competencia o a financiar a las asociaciones que trabajan en este campo.

Los datos que ofrece el informe son concluyentes: en Euskadi existen 315 plazas en centros de rehabilitación psicosocial, cuando lo óptimo son, al menos, 360 atendiendo al total de población; hay 126 plazas en centros de rehabilitación laboral, cuando se necesitan 252, y existen otras 126 en pisos supervisados, la mitad de las precisas.

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Incluso en relación a los servicios más extendidos y con mayor cobertura y utilización, como los centros de salud, existe un "gran número de quejas" por parte de los diferentes colectivos: saturación, escaso tiempo de dedicación a los pacientes, cambios en el personal y, por tanto, en la continuidad de la relación, excesivo uso de psicofármacos, reducción de las intervenciones de rehabilitación y escasa dedicación al autoapoyo y a las familias.

Apoyo a las familias

Markiegi defendió la necesidad de que las administraciones apoyen económicamente a las familias con enfermos mentales y regulen ayudas periódicas a las asociaciones que las representan sin que estén sujetas a la coyuntura, como ocurre ahora. La mayoría de los pacientes viven con sus familias.

Se estima en unas 8.000 las personas que forman parte de diferentes agrupaciones de afectados, lo que refleja un mundo asociativo notablemente desarrollado y muy diverso. "Las familias y asociaciones asumen la prestación de servicios, a veces, en condiciones precarias. Las instituciones tienen que apoyar con programas y servicios de respiro, asistencia domiciliaria y ayudas económicas", puntualizó el Ararteko.

El informe descubre un colectivo con especiales problemas de atención: los niños con trastornos psiquiátricos. En este campo sólo trabajan la mitad de los psiquiatras que serían necesarios.

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