Misión de exterminio para la 'caravana de la muerte'

De pie, con un whisky en su mano derecha y una metralleta en la izquierda, el entonces omnipotente general Sergio Arellano vio como se cuadraba con una marcial cuenta, "¡sin novedad la guarnición de Talca, mi general!", el comandante del regimiento de esa ciudad, Efraín Jaña. Era el 30 de septiembre de 1973, pocos días después del cruento golpe que depuso al presidente socialista Salvador Allende. Arellano venía como "delegado" del dictador Augusto Pinochet y había aterrizado minutos antes en el patio del cuartel con su helicóptero Puma, que trasladaba a los miembros de su comitiva, la caravana de la muerte, que dejó una estela a su paso por siete provincias de más de 75 prisioneros políticos izquierdistas ejecutados. "¿Cuantos presos, muertos y torturados hay?", le preguntó Arellano, recuerda Jaña. "Mi general, aquí no hay", respondió éste. "¿Cómo que no? ¿No sabe que estamos en guerra?", exclamó molesto Arellano. "¿De qué guerra me habla, general?", replicó Jaña. Pocas horas después, Arellano relevó del mando del regimiento al comandante por no cumplir las instrucciones de la Junta Militar y de Pinochet. La Orden número 1 del delegado de Pinochet acusa a Jaña de efectuar "con retraso y no con la intensidad que el caso aconsejaba" los allanamientos a la población, de mantener en sus puestos a los jefes de servicios del Gobierno de Allende hasta dos días después del golpe y de no detener de inmediato al ex intendente de la región.

El documento es la única prueba escrita en el proceso de que Arellano era delegado de Pinochet en la caravana de la muerte. Los abogados que representan a los familiares de las víctimas de Arellano piden despojar al ex dictador de su fuero como senador, por el delito de secuestro calificado, en los casos en que los cuerpos de los ejecutados todavía no han aparecido, y lo acusan de ser autor e inductor de los crímenes al enviar al general como su delegado. El viernes pasado, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago negó una petición de libertad provisional de Arellano, ahora en retiro y procesado por los delitos de la comitiva.

La misión de exterminio de la caravana buscaba paralizar por el temor a la población, a civiles y militares. La comitiva, integrada por oficiales de la Agrupación de Asalto Santiago Centro, la unidad que atacó el Palacio de La Moneda el día del golpe, no sólo mató con cuchillos y bayonetas a muchas de las víctimas, sino también sobrepasó o removió a los mandos de las unidades locales del Ejército con síntomas de ser "blandos" ante el enemigo, los simpatizantes del Gobierno socialista.

Jaña fue uno de ellos. Cuando se presentó ante sus superiores en Santiago fue pasado a retiro y al día siguiente arrestado, sometido a un consejo de guerra que terminó con su sentencia a cinco años de cárcel por "incumplimiento de deberes militares", pena que le rebajaron a tres años por buenos antecedentes, hasta que fue arrojado al exilio, donde vivió en Colombia, Venezuela y Holanda. Le duele como salió del Ejército, aunque siente el alivio de que "no tengo el uniforme manchado de sangre y duermo tranquilo".

Ex oficial de inteligencia, Jaña calcula que Pinochet hizo salir de las Fuerzas Armadas a unas 400 personas. De la rama de Artillería, al igual que el ex jefe del Ejército Carlos Prats, asesinado junto con su esposa por la DINA en Buenos Aires en 1974, Jaña se define como un "humanista". Cree que por su cercanía a Prats los golpistas desconfiaban de él. La orden de adoptar preparativos, enviada por Pinochet a todas las unidades del Ejército, no llegó a su regimiento. Se enteró del golpe cuando la acción estaba ya en marcha. Su jefe, el general Washington Carrasco, le ordenó arrestar al intendente de Talca, el socialista Germán Castro. Jaña lo llamó y le pidió venir al regimiento, pero Castro huyó en auto hacia la frontera con Argentina, con otras cuatro personas, y se enfrentó con los carabineros.

Fueron los únicos cinco detenidos en Talca, donde el golpe no fue cruento. Un consejo de guerra encabezado por el número dos de su regimiento comenzó el proceso. Éste no había terminado cuando Jaña recibió una orden directa de Carrasco de ejecutarlos a todos. En los alegatos por el desafuero del ex dictador, causando impacto, uno de los abogados querellantes leyó una confesión que hizo en secreto a la comisión Rettig (que investigó los atropellos a los derechos humanos en la dictadura), un ex auditor militar, Gonzalo Urrejola, según el cual la orden de ejecutar a Castro la dio por teléfono el mismo Pinochet a Carrasco.

El comandante Jaña se negó a ejecutar a los cuatro acompañantes del intendente, pero Castro fue llevado al paredón, después de que se le diera su último sacramento. "Era un hombre valiente", recuerda el coronel. "Me pidió perdón por los problemas causados y frente al pelotón, integrado por voluntarios, murió gritando '¡soy socialista y muero por el socialismo!".