La juez archiva la causa por una detención de la Ertzaintza en el barrio chino bilbaíno

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao ha decidido archivar las diligencias abiertas por una actuación de la Ertzaintza en el barrio chino bilbaíno, en marzo de 1999, que el propio departamento de Interior investigó por la posibilidad de que un agente hubiese cometido delitos de detención ilegal y malos tratos contra un arrestado. La juez considera que no hay indicios de la comisión de ningún delito.

Este caso levantó el año pasado un notable revuelo al conocerse en plena polémica entre el Ararteko y el Departamento de Interior, que dirige Javier Balza, por las actuaciones de las patrullas de la Ertzaintza en Bilbao la Vieja y la zona de las Cortes. A ello se sumó que el propio departamento aportó al juez una cinta de vídeo que recogía los hechos cuando se empezaba a desarrollar el dispositivo de videovigilancia en la zona, pero no exisitían advertencias de la presencia de cámaras.Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, Concepción Vélez Sánchez, ha archivado las actuaciones por entender que no existe delito, en un auto de tres folios firmado el pasado día 19.

El auto sostiene que "no se ha acreditado que en la detención realizada el 9 de marzo de 1999 en la calle Cortes de Bilbao" de un hombre y una mujer "se haya producido alguna irregularidad susceptible de calificación como ilícito penal".

La juez indica que de las propias declaraciones de los detenidos se desprende que ninguno de los agentes "tuvo un trato incorrecto con ellos, ni les golpearon". Sólo el varón aseguró que "fue tirado al suelo de forma brusca".

Respecto a la posibilidad de que se hubiese registrado una dentención ilegal, el fallo afirma que no se ha acreditado indicio alguno en tal sentido y que había a priori razones para proceder a tal detención "no siendo inmotivada, arbitraria ni abusiva". En ambos casos, decide la juez que no hay pruebas que desvirtúen la presunción de inocencia.

Sobre la grabación de los hechos en vídeo que Interior aprotó al juzgado, el auto indica que "no se observa la secuencia completa de los hechos desde su inicio, sino únicamente lo que sucede al alcance de las cámaras" y que, pese a las discrepancias que puedan existir con el relato de los hechos que hizo el atestado policial -que "no se aleja sustancialmente de la realidad", según la juez-, ello no puede entenderse constitutivo de un delito de falsificación en documento oficial.

En este último punto, la juez deja abierta la posibilidad de que se sancionen de forma interna las "irregularidades que se puedan observar", que refiere "fundamentalmente" a la intervención en los hechos de agentes que se encontraban fuera de su zona de patrulla.

El caso llegó al juzgado a raíz de la propia investigaciñón interna de Interior, efectuada hace ahora un año.