El CUT de Sánchez Gordillo se desvincula del acuerdo federal de socialistas e IU
"No es nuestro acuerdo. No nos sentimos vinculados al pacto federal de IU con los socialistas porque no se nos ha consultado ni supone un giro a la izquierda". Con estas palabras resumió ayer el portavoz nacional del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, la resolución que aprobó la principal minoría de la federación en Andalucía el jueves en Aguadulce (Sevilla). El CUT-BAI esperará a ver si finalmente el acuerdo cuaja, y si lo hace en la dirección que reivindican. En caso contrario, abandonará Izquierda Unida.
Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y número dos al Parlamento por Sevilla, explicó que el proceso del pacto federal ha registrado un grave defecto de forma, ya que no se ha consultado a ningún órgano de IU de Andalucía, a la que pertenece el CUT-BAI, pese a la petición formal de una reunión de la ejecutiva andaluza.Además, según el dirigente jornalero, el contenido del acuerdo no satisface a su organización por la ausencia, a su juicio, de un auténtico giro a la izquierda. Sánchez Gordillo dijo que el CUT abrirá un paréntesis hasta las elecciones del 12 de marzo: "Dependiendo de cómo se materialice finalmente el acuerdo, responderemos. Si la disidencia respecto a los postulados de IU crece al 50% no tiene sentido seguir formando parte de ella".
Por si en el ámbito autonómico se fragua un pacto parecido tras los comicios, el CUT -la única fuerza con peso que permanece en la federación después de la marcha de Los Verdes, el CAI y Nueva Izquierda- redactó un decálogo de sus reivindicaciones "de obligado cumplimiento". También que el eventual acuerdo se someta a referéndum entre la militancia de IU, tal y como aprobó la XII asamblea del pasado mes de noviembre.
Entre las medidas que exige el CUT para acepar la alianza entre Antonio Romero y Manuel Chaves figuran una sociedad de pleno empleo, no sólo con la implantación de la jornada laboral de 35 horas, sino con el reparto de la riqueza, además del impulso de las cooperativas agrícolas y el acceso de los trabajadores a los medios de producción. También una reforma agraria adecuada al siglo XXI, con una apuesta decidida por la agroindustria, la agricultura ecológica y la redistribución de la tierra.
En cuanto a las ayudas que vienen de Bruselas, el CUT quiere que se tome como base el número de empleos por hectáreas para favorecer las explotaciones familiares y las cooperativas. Los problemas de infraviviendas y chabolismo se combatirán con el compromiso de construir 300.000 viviendas en cuatro años. Se pide la subida de la pensión mínima y del salario social hasta las 77.000 pesetas; la aprobación de dos meses de PER y la equiparación del subsidio de desempleo con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
