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El Gobierno retira su querella contra el fiscal de Medio Ambiente

Vicente G. Olaya

El enfrentamiento judicial que desde hace un año y medio mantenían la ex viceconsejera de Medio Ambiente Sylvia Enseñat y el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, acabó ayer. Enseñat, en un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia, se da por "satisfecha" con las explicaciones que Valerio le ha dado y pide el "sobreseimiento y archivo" del caso. Por su parte, Valerio reconoce que no hubo ninguna "intencionalidad" cuando presentó una denuncia criminal infundada contra Enseñat.

La ex viceconsejera de Medio Ambiente del anterior Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, presentó en octubre de 1998 una querella contra Emilio Valerio por haber tervigersado supuestamente un atestado de la Guardia Civil para poder presentar así contra ella una denuncia criminal por un supuesto delito contra la ordenación del territorio. La denuncia provocó un enorme revuelo político, porque era la primera vez que un alto cargo regional se querellaba contra un fiscal.Pero ahora, y tras más de un año de diligencias, Valerio reconoce que se equivocó al actuar contra la ex viceconsejera. "De haber contado [el fiscal] con los datos que fue obteniendo con posterioridad" a la presentación de la querella, "en ningún momento habría hecho mención" a Enseñat como cargo público que había autorizado las obras, se lee en uno de los documentos entregados a los jueces.

Sin intencionalidad

Los abogados de Enseñat y Valerio presentaron ayer en el Tribunal Superior de Justicia la solicitud para el "sobreseimiento y archivo" de las actuaciones. Enseñat, en su escrito, "acepta y se da por satisfecha con las explicaciones orales y escritas" de Valerio, en las que el fiscal reconoce "la ausencia de intencionalidad" cuando la denunció. Además, según el escrito firmado por Sylvia Enseñat, "la conveniencia de evitar, en la medida de lo posible, cualquier tipo de enfrentamiento entre instituciones públicas con sede en la Comunidad" le aconsejan dar por cerrado el caso.

Este enfrentamiento comenzó en julio de 1998, cuando Valerio presentó una denuncia contra Enseñat. El fiscal le imputaba haber autorizado, supuestamente saltándose la ley, la construcción de dos edificios en un paraje especialmente protegido del parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Las dos nuevas edificaciones estaban destinadas a un futuro restaurante de montaña y a sustituir el viejo telesilla de Guarramillas, que había sido levantado a principios de los años sesenta.

Los delitos que Valerio atribuía a Enseñat estaban castigados hasta con dos años de cárcel. El fiscal reclamó también la paralización de las obras. Pero la Consejería de Medio Ambiente hizo caso omiso de la denuncia al comprobar que las obras estaban fuera del parque regional. Una empresa independiente certificó que las obras distaban 8,30 metros de la zona natural. Además, el Gobierno de Ruiz-Gallardón las había excluido un año antes del trámite de evaluación de impacto ambiental ante la necesidad de sustituir de urgencia un telesilla con casi 40 años.

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El asunto llegó así a los tribunales. En agosto de 1998, una juez determinó que las obras por las que Enseñat había sido denunciada eran legales. El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) no pudo certificar -en contra de lo que afirmaba el fiscal- que los trabajos se realizasen dentro del parque regional.

En septiembre, Enseñat se querelló contra Valerio por "denuncia falsa". Le acusaba de haber tergiversado el atestado de la Guardia Civil para poder denunciarla. Pedía penas de cárcel para el fiscal por los "daños morales" que le había causado y el "menoscabo de su imagen pública".

La izquierda denunció entonces la "persecución política" de Ruiz-Gallardón contra el fiscal y reclamó la dimisión de Enseñat. Los grupos ecologistas apoyaron a Valerio por "su decidida actuación en defensa del medio ambiente" y destacaron el "acoso" del Gobierno regional a un fiscal que se "había mostrado implacable con los delincuentes".

Ayer, la ex viceconsejera aceptó las "explicaciones orales y escritas" de Valerio y dio por cerrado el caso.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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