El "caso Ollero" arranca con los ataques de la defensa a la juez instructora y a la policía
La primera jornada del juicio del denominado caso Ollero estuvo protagonizada ayer por las cuestiones previas presentadas por los cuatro letrados de los cinco imputados que arremetieron de manera inmisericorde con la actuación de la juez instructora, Pilar Llorente, y de la propia Brigada de Policía Judicial. El hecho de que la investigación sobre la presunta vinculación de altos cargos de la Junta de Andalucía en el cobro de comisiones para favorecer a una empresa constructora en los concursos para una carretera se iniciara con la única base de un anónimo o que la brigada de la policía judicial, emitió juicios de valor en sus pesquisas que a la postre se tradujeron en las intervenciones telefónicas: únicas pruebas en este caso.
En la primera jornada del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ni se oyó hablar de los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias o revelación de secretos que se le imputan al ex consejero de Obras Públicas de la Junta, Juan José López Martos, al ex director general de Carreteras, Manuel Ollero, al hermano de éste, Jorge Ollero, o a los directivos de Ocisa, la empresa que supuestamente intentó comprar sus voluntades con 127 millones para adjudicarse la construcción del tramo de carretera entre Las Pedrizas y Salinas, Jesús Roa y Luis Nogueira. Sus letrados atacaron el proceso desde su misma raíz: una instrucción deficiente y una investigación policial viciada.Uno por uno, los abogados arremetieron contra las, a su juicio, numerosas fallas de la instrucción de la juez Llorente. El primero en hablar fue el defensor del ex consejero Juan José López Martos, que puso especial énfasis en el hecho de que su cliente no fue imputado hasta diciembre de 1994, pocos meses después de que abandonara su cargo y, por lo tanto, dejara de ser aforado. Según el abogado José García Fernández, el nombre del consejero aparecía en las investigaciones desde la primavera de 1992, pero la juez fue desestimando uno tras otro los motivos de imputación. El letrado considera que la juez intentó así quedarse con el caso, ya que de ser imputado el consejero, éste habría sido juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El encargado de la defensa de Manuel Ollero, Ángel Zamora Carranza, incidió más en lo "insólito" de que un simple anónimo sirviera para abrir una investigación en la que se intervinieron numerosos teléfonos de particulares y sociedades, con las, siempre a su juicio, consecuentes violaciones de los derechos fundamentales de los imputados. Zamora Carranza llegó a asegurar que las únicas imputaciones hacia su defendido eran porque su hermano llevaba un maletín con 22 millones cuando fue detenido con el que presuntamente le iba a comprar una casa a su hermano en pago por las informaciones privilegiadas que utilizaba en sus negociaciones con los empresarios.
Tras las críticas a la actuación de la juez instructora, le tocó el turno a la investigación policial. Francisco Baena Bocanegra, abogado de los imputados de Ocisa,fue el más contundente en este apartado. El letrado mostró su sorpresa con la celeridad -del 20 de enero de 1992 que fue el primer auto, al 27- con la que la policía elaboró un informe sobre el empresario fallecido y que también fue imputado, Pedro Llach y Manuel Domínguez. Del primero, según Baena Bocanegra, se aseguraba en el informe policial que "gracias a sus contactos políticos" obtenía información con la que mercadeaba para financiar al PSOE. El abogado también criticó que la única investigación policial, en la que participó el ahora jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, José Antonio Vidal, se limitara a las escuchas. Además, estas se autorizaron para investigar un delito de malversación de fondos -que ahora no figura en el caso- y se prolongaron durante cinco meses.
