Amnistía denuncia la alarmante situación de las cárceles brasileñas

Cerca de 170.000 presos comunes se hacinan en unas 500 prisiones brasileñas y miles de comisarías de policía, en un sistema penitenciario que sólo dispone de una capacidad de 74.000 reclusos. Los detenidos son víctimas de violencias y malos tratos sistemáticos por parte de los agentes, de los funcionarios de las prisiones o de otros presos. Cada año se producen decenas de muertes bajo custodia, pero la mayoría no llegan a investigarse.Éstos son algunos de los datos que recoge un informe alarmante de Amnistía Internacional (AI), resultado de dos años de investigaciones en 33 centros penitenciarios en 10 Estados del país.

Amnistía Internacional presentó ayer en Madrid el informe que supone el inicio de una campaña sobre la crisis penitenciaria en Brasil. Según informa la organización, debido a la escasez de guardias y el número excesivo de presos en las cárceles, en muchas zonas las autoridades han perdido totalmente el control de los centros. Muchos están, en la práctica, dirigidos por pequeños grupos de presos muy violentos que imponen su voluntad.

Más del 80% de las muertes bajo custodia son debidas a actos de violencia por parte de los propios reclusos. El nivel extremo de hacinamiento y la falta casi total de atención médica resultan otro problema: el índice de casos de tuberculosis es del 80% en algunas prisiones del Estado de São Paulo, mientras la infección de VIH (el virus del sida) alcanza un 20% en algunas zonas.

Además de estas deplorables condiciones de las prisiones brasileñas hay que añadir la lacra de la tortura, que constituye una práctica generalizada en las comisarías. "Se recurre a las palizas y a las intimidaciones para controlar a un número en aumento de detenidos", afirma Amnistía. Y pone un ejemplo: los detenidos en los distritos de policía civil de Belo Horizonte son obligados a apiñarse desnudos en un patio mientras se registran sus celdas. Después, los agentes les riegan con una manguera desde el tejado. Los detenidos corren el peligro de contraer enfermedades mortales, como la tuberculosis o el sida, y quienes ya las sufren "no reciben un tratamiento adecuado".