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La Junta calcula que la merma de ingresos de la comunidad en la legislatura es ya de medio billón

El Consejo de Gobierno de la Junta estimó un año más "insuficiente" la cantidad que el Ejecutivo de José María Aznar destina a la comunidad en los Presupuestos del Estado. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, dijo ayer que las cifras son "peores de las que nos temíamos", ya que, sostuvo, no se reconoce el peso real de Andalucía en los ingresos del Estado (PIE), se vuelve a "dejar fuera a 400.000 ciudadanos" y se bajan las inversiones. Zarrías anunció un nuevo recurso de inconstitucional y cuantificó la merma de ingresos en la legislatura en medio billón de pesetas.

Tras un primer análisis del anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2000, Gaspar Zarrías afirmó que el gabinete de Manuel Chaves está "francamente preocupado, muy preocupado", porque las cifras que destina a la comunidad son "peores" de las que barajaban. El consejero insistió en que, un año más, el Gobierno central no ha evacuado ninguna consulta previa con el Ejecutivo autonómico, pese a ser preceptivo, lo que consideró un "desprecio incalificable, cuando nos consta que otras comunidades sí han tenido información previa; Nosotros nos hemos enterado cuando el proyecto se ha presentado en el Congreso". Según Gaspar Zarrías, los Presupuestos del 2000 no tienen en cuenta el censo real de Andalucía [385.305 ciudadanos no figuran a efectos financieros], lo que unido a una fórmula "incorrecta" para determinar la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de Andalucía, supone que la comunidad pierde unos 100.000 millones de pesetas "que nos corresponden por derecho". Zarrías añadió que a estos números habría que sumar los 300.000 millones que resultan de cotejar lo que se debería recibir en inversiones por su población (el 18,2% del conjunto del país) y lo que ha destinado el Gobierno (12,1%) este año [Cataluña recibe el 16,5% cuando su población es del 15%]. En total, sostuvo el consejero, la comunidad dejará de ingresar 400.000 el próximo año. Respecto a las inversiones, que descienden del 13,2% al 12,1% (un 1,1% menos) -aunque linealmente aumenta 22.000 millones al pasar de 177.000 a 199.000-, Zarrías dijo: "Es verdaderamente inaceptable, porque las de este año eran ya ridículas". La bajada, a su juicio, es aún más grave porque el Gobierno central lleva cuatro años "engañando" a los andaluces, incluyendo cada ejercicio las mismas partidas que no han ejecutado en el anterior, y citó los ejemplos del AVE a Málaga, la autovía Córdoba- Antequera o la ampliación del aeropuerto de Málaga. Entre lo que el Gobierno central ha dejado de ingresar anualmente por no reconocer el censo y la mala aplicación de la PIE (100.000 millones por ejercicio) y el déficit en inversiones atendiendo a su población (96.000 millones), la Junta asegura que desde que Aznar llegó a la Moncloa, Andalucía ha perdido medio billón de pesetas. Si no se atienden las enmiendas que el PSOE presentará en el Congreso, la Junta volverá a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

A los tribunales por las pensiones

Gaspar Zarrías aseguró que el Ejecutivo regional está analizando la posibilidad de llevar al Gobierno central a los tribunales para que suba también el próximo año las pensiones asistenciales, ya que el anteproyecto de ley del Presupuestos del 2000 no incluye ninguna partida dirigida al aumento de estas pensiones. El consejero dijo que en el caso de que el Gobierno de Aznar decida "no tocar" las pensiones asistenciales, 52.000 andaluces continuarán cobrando el próximo año 24.000 pesetas mensuales. Zarrías recordó que el Gobierno central "llevó a los pensionistas a los tribunales para que la Junta de Andalucía no les subiera las pensiones", a raíz del decreto andaluz aprobado en diciembre para complementar las pensiones asistenciales y no contributivas, que gestiona la Junta. "Por eso, el Gobierno andaluz estudia ahora llevar al Gobierno de Aznar a los tribunales para que les suba las pensiones asistenciales". El consejero dijo que aún no se ha abordado la base legal en la que fundamentar la reclamación.

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