Los abogados piden que sea legal cobrar parte de las indemnizaciones que logren

Los abogados catalanes pretenden que desaparezca la prohibición de cobrar a los clientes un porcentaje de las indemnizaciones que consiguen en algunos pleitos civiles, como los accidentes de circulación o los despidos laborales. La propuesta se recoge en la ponencia marco del Segundo Congreso de la Abogacía Catalana, que se celebrará en Tarragona la próxima semana y en el que se aprobará un código para regular el ejercicio de la profesión en Cataluña, al margen de las normas que rigen en el resto de España.

La quota litis, como se denomina el cobro de un porcentaje de la indemnización obtenida, está prohibida en España y en Europa por las normas que regulan la abogacía, aunque en la práctica muchos abogados las incumplen en ese punto. La ponencia marco del congreso asegura que "actualmente parece que no subsiste ninguna razón para mantener la prohibición del pacto de la quota litis". La propuesta precisa que, además, es conveniente pactar unos honorarios mínimos en previsión de que no se gane el pleito y que el cliente asuma los gastos derivados de la actuación del abogado. Jaume Alonso-Cuevillas, decano del Colegio de Abogados de Barcelona y presidente del Consejo del Colegio de Abogados de Cataluña, aseguró ayer durante la presentación del congreso: "Ya es hora de acabar con algunos tabúes, y la quota litis es uno". Sin embargo, la propuesta para suprimir esta prohibición ha recibido cinco enmiendas, una de las cuales se muestra muy crítica con este pacto de muchos abogados con su cliente y recuerda que se practica habitualmente "con el sector de la población menos informado, con menos posibilidades económicas y con captación bajo el impacto emocional del hecho causante de la reclamación". Por eso, legalizar la quota litis les "parece sencillamente inmoral, fuera de toda norma ética y un auténtico desprestigio de la profesión". 1.200 letrados Al congreso de Tarragona, que se celebrará entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, asistirán unos 1.200 abogados, de los más de 20.800 que hay en Cataluña. La elaboración de un código que regule la profesión en aspectos tan concretos como las normas de publicidad, los honorarios, el secreto profesional y las relaciones con los clientes, es, según Alonso-Cuevillas, una necesidad "para acabar con la dispersión actual de normativas". En su opinión, "la abogacía no puede seguir anclada en las estructuras de hace 15 o 20 años y el congreso será el revulsivo" que necesita. Si, como es previsible, el congreso acuerda la elaboración de esa regulación propia de la profesión, se formará una comisión que redactará el código y lo presentará al Gobierno catalán para su aprobación a través de una orden del Departamento de Justicia. El Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de colegios profesionales y profesiones tituladas. Alonso-Cuevillas vaticinó ayer que "dentro de unos años la abogacía española seguirá los pasos de este congreso" y recordó que, pese a que se llegue a dotar de un código propio, la abogacía catalana seguirá muy vinculada al Consejo General de la Abogacía", la organización de ámbito nacional.