El Tribunal Constitucional, a punto del colapso, según la Fiscalía
La Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 1998, que fue elevada ayer al Gobierno coincidiendo con la apertura del Año Judicial, advierte en uno de sus capítulos del futuro "colapso" del Tribunal Constitucional, que se verá desbordado por el aumento de los recursos sin resolver.La fiscalía califica la situación del Constitucional de "acuciante" y de "extrema gravedad". El crecimiento de los recursos ante el alto tribunal "seguirá aumentando hasta una situación cercana al colapso que no parece fácilmente evitable", según expone la memoria del pasado año.
Según el documento presentado por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, los 12 magistrados del Tribunal Constitucional se ven claramente desbordados por el número de recursos que cada año se suman a los pendientes por resolver.
El fiscal general establece que 2.000 recursos anuales es el máximo que este órgano puede resolver, cifra que fue superada ya en 1989. Según el informe anual, el número de asuntos registrados en 1998 asciende a 5.500, mientras que el índice de aumentos ha pasado de 500 al año a 750 durante 1998.
Durante este ejercicio, cada magistrado estudió, debatió y votó en sentencia 120 asuntos, sin tener en cuenta los Plenos. "Las cifras ponen de manifiesto de modo incontestable el esfuerzo continuado del tribunal. Una cifra de 5.210 resoluciones en un año no puede tildarse de baja en modo alguno", según la Memoria. Esta situación exige la toma de medidas para garantizar a los magistrados las condiciones de trabajo "sin agobios y con el detenimiento que cada cuestión requiere".
Recursos trascendentes
El fiscal general propone que el Tribunal Constitucional sea quien seleccione aquellos casos que deberían ser tratados en profundidad "para ser analizados en atención a la trascendencia de su contenido. De este modo, el Tribunal reservaría para su propio conocimiento los recursos de amparo realmente trascendentes en los que se debe dictar una resolución sobre el fondo".La Memoria también destaca que el número de procedimientos por infracciones medioambientales "ha sufrido un incremento sostenido y constante durante el pasado año". Entre ellos, se contabilizan 197 diligencias abiertas en la Fiscalía de Valencia, 161 en Alicante, 64 en Granada y 43 en Asturias y 35 en Guipúzcoa.
Un delito que ha descendido por primera vez en tres años es el de conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, al experimentar una bajada del 26% al pasar de las 58.540 causas en 1997 a 42.919 el año pasado.
Por el contrario, el delito de negativa al sometimiento a las pruebas de alcoholemia se incrementó, como ya sucedió el año pasado, de los 702 procedimientos a un total de 8.216 el pasado año.
