Una nueva oferta a los funcionarios de prisiones aplaza la negociación

Una nueva oferta del Gobierno formulada anoche a los funcionarios de prisiones aplaza la negociación hasta el próximo miércoles. El Ejecutivo ofrece una subida salarial de 2.000 millones de pesetas hasta el 2001 (400 millones más que en su propuesta anterior) frente a los 3.500 en tres años que demandan los trabajadores, que han mostrado su disposición a hacer otras concesiones. El subsecretario de Interior, Leopoldo Calvo Sotelo, avisó de que con esta oferta ha llegado "a todo lo que podía llegar".

El presidente de la Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), José Ramón López, dijo que valorarían la nueva propuesta y que la consultarían con los respectivos sindicatos, a la vez que estudiarán un nuevo proceso de movilizaciones. Sin embargo anunció que mantendrán la convocatoria de manifestaciones en las subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias el lunes. El Ministerio del Interior adelantó que no acepta la última propuesta de los sindicatos: un incremento total de 3.500 millones a lo largo de tres años. Esta cifra supone una disminución de 500 respecto a los 4.000 que pedían el jueves y algo más de la tercera parte en relación con su demanda inicial, que era de 9.000.A su vez, los sindicatos anunciaron su intención de ceder a otras dos condiciones impuestas por el Gobierno. Así, han aceptado que las nuevas alzas de sueldo estén supeditadas a un aumento de la productividad. Queda descartado, por lo tanto, un complemento adicional a los salarios.

Así lo anunció el representante del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, José Luis Pascual. Según Pascual, las organizaciones de funcionarios han acordado también que el incremento salarial se realice en tres años y no en dos como habían planteado.

Los 3.500 millones que exigen los funcionarios supondrían una subida en torno a las 17.500 pesetas brutas mensuales para cada uno. Calvo Sotelo, calificó de "irreal" esa demanda.

Por otra parte, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, calificó de "gratuitas" las denuncias de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) sobre la situación límite que, en su criterio, padecen los reclusos de 24 cárceles españolas.

La APDH asegura que en las prisiones reina el hacinamiento y una deficiente atención sanitaria y ha informado de un incremento de denuncias de malos tratos.

Sin embargo, Mayor tildó ayer de "modélica" la situación de las ocho prisiones que se han construido en España en los últimos tres años. "Hoy el sistema penitenciario español está a la cabeza" de la Unión Europea, dijo.