Un alcalde del PP dio contratos municipales a sus propios concejales

La fiscalía solicita tres años de prisión, privación del cargo de alcalde e inhabilitación durante 11 años para cargo electo en la Administración local para Ignacio Gordón Boza, primer edil del PP de Matillas (Guadalajara) y funcionario de la Diputación de Guadalajara, por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. Según la acusación, favoreció a concejales del PP, a su esposa e hijos.

Los principios más elementales de la contratación pública, "que excluyen la contratación verbal salvo en supuesto de guerra y calamidad pública", han sido vulnerados reiteradamente en el Ayuntamiento de Matillas, que rige Ignacio Gordón Boza desde hace veintitrés años, según señalan las conclusiones provisionales de María Ángeles García, fiscal jefe de Guadalajara.En opinión de la acusación pública, el principio elemental de que todo gasto público ha de ser efectuado por el órgano público competente, previa asignación presupuestaria y para la finalidad prevista en el presupuesto, tampoco se ha cumplido.

Los contratos del personal para trabajos imprevistos, esporádicos y urgentes no eran formalizados en documento administrativo, no se registraban, ni se emitía el informe preceptivo del secretario de la entidad, ni se fiscalizaban. Para colmo, "ni eran urgentes", ya que la mayoría consistían en la limpieza del consultorio y el cementerio, la apertura de hoyos, plantación de árboles y riego, conservación de jardines, lectura de contadores y averías de agua.

Mediante este sistema, de 1992 a 1996 se gastaron del erario público dos millones de pesetas que fueron repartidos, "según el parecer del alcalde", entre catorce vecinos de la localidad vinculados al PP. Pero la fiscalía duda sobre la veracidad de estos trabajos. "Ni tan siquiera hay constancia más allá de su pago", señala.

María Ángeles García destaca en sus conclusiones provisionales que entre los agraciados de estos supuestos trabajos se encontraban concejales y ex concejales del Ayuntamiento, así como sus cónyuges e hijos. Dos de ellos recibieron 600.000 pesetas durante los años 1992, 1993 y 1994. Otro percibió 60.000 pesetas como alguacil recadero en 1992. Otro concejal del PP, 32.000 pesetas, y su esposa, 149.000 por la limpieza del consultorio médico y dependencias del Ayuntamiento.

La fiscalía cuestiona también la actuación del alcalde en el uso de estos fondos de fomento al empleo. Varias de las personas agraciadas están vinculadas a los concejales del PP. La acusación ha investigado la adjudicación por el Ayuntamiento de viviendas y locales, en régimen de alquiler, procedentes de un convenio firmado con la empresa Asland.