Los rectores esperan que Tarancón acelere la negociación del nuevo modelo financiero
Las cuatro universidades valencianas, a excepción de la Miguel Hernández, con un régimen financiero especial, alcanzaron hace tres semanas un acuerdo sobre el modelo de financiación pública para el periodo 1999-2002. El documento, que los rectores esperan negociar en breve con el nuevo consejero de Educación, Manuel Tarancón, plantea que se eleve la inversión en los próximos cuatro años hasta alcanzar el 1% del PIB que destinan los socios europeos. Los rectores tienen prisa. "Necesitamos tener un horizonte. No podemos elaborar los presupuestos anuales sin saber qué va a pasar en los próximos cuatro años", dice el rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz.
El citado documento ya ha sido enviado desde la Universidad Politécnica a la Dirección General de Universidades. El balón está ahora en el tejado de la Administración, concretamente en el del recién nombrado consejero Manuel Tarancón. "El modelo de financiación hace ya dos o tres años que no sirve, los parámetros se modifican de facto y no se adecuan a las necesidades de cada universidad. Necesitamos ya uno nuevo", explica Pedro Ruiz, quien, además, añade el otro punto fuerte de la negociación a abordar: el segundo plan de inversiones para infraestructuras universitarias, que también está en el aire. "La continuidad política", en la que Manuel Tarancón hizo hincapié el pasado lunes, en su primera comida de trabajo con los rectores, "se materializa abordando con urgencia la revisión del modelo financiero", puntualiza el rector de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño. El Plan Plurianual de Financiación (PPF) diseñado para los cuatro años surge como la consecuencia natural de las pautas y directrices fijadas en el Libro blanco del sistema universitario valenciano, que se presentó a finales de diciembre. Ambas elaboraciones han ido paralelas y recogen los mismos objetivos. "La finalidad del PPF es dotar a la Administración autonómica de un instrumento sencillo, objetivo y flexible que, por un lado garantice una financiación objetiva en función de las necesidades específicas de cada universidad para ofrecer un servicio público de calidad, y, por otro, incentive la mejorra de la calidad de las universidades de acuerdo a unos objetivos preestablecidos", dice el plan. El capítulo de financiación por objetivos en función de los programas de calidad de cada universidad es, quizá, donde los rectorados han plasmado su apuesta más arriesgada y novedosa. Los equipos económicos plantean que cada universidad elabore anualmente unos programas específicos de calidad -aumentar el rendimiento docente, incrementar la inserción laboral de los titulados, proyectos de I+D- y en función de sus resultados se lleve la mayor parte del 10% del capítulo de financiación por objetivos, que estiman rondará entre 3.000 y 4.000 millones de pesetas. En conjunto, el PPF establece que la financiación pública alcance los 80.000 millones de pesetas en el 2002. Y para ello propone que una parte del gasto corriente (que se calcula en base a la subvención por estudiante a tiempo completo) se incremente anualmente el 10% en los próximos cuatro años, de forma que se pase de los 38.000 millones de pesetas actuales a 42.961 en 1999 y alcance los 56.126 millones en el 2002, fecha en que se propone la revisión del modelo. El resto de la financiación a cargo de los Presupuestos de la Generalitat se integraría por los ingresos por tasas académicas (entre 12.000 y 16.000 millones) y el dinero procedente del plan de inversiones, que está pensado que se reduzca progresivamente en los próximos cuatro años, de tal forma que pase de los 19.500 millones fijados para 1999 a 4.000 millones en el 2002. Se trata de que las transferencias de capital para inversiones disminuyan progresivamente a medida que aumenta el parámetro de la subvención anual por cada estudiante. En cualquier caso, el PPF se propone que los recursos asignados a financiar los gastos corrientes y los de inversión sean contemplados conjuntamente como partes de un único volumen total de fondos, y que las universidades se responsabilicen de las asignaciones a una u otra partida de gastos.
