Un órdago de 48.000 millones
El órdago medioambiental del PP de la Comunidad Valenciana antes de formar gobierno fue sustancial. Para muchos quedó en un simple farol. El Libro Blanco del Medio Ambiente, que se vendió como el programa de gobierno del PP en materia verde, tenía aspecto de diagnóstico y pergeñaba formas de actuación con aspecto de soluciones. Pero, como buen programa electoral, apenas contenía compromisos y menos de los que se pueden cuantificar. Legislativamente, no proponía crear ninguna ley verde. Eduardo Zaplana sí ha prometido varias (caza, residuos, contaminación acústica)durante la legislatura. Ninguna ha llegado a las Cortes todavía y la única novedad normativa ha sido una modificación de la ley Forestal que reduce la definición de bosque aprobada por la vía escepcional de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos. Sobre la calidad de las aguas, el PP apenas sólo se propuso controlar los vertidos, auque las autorizaciones sean otorgadas por el organismo de cuenca, desde la "autoridad medioambiental autonómica". No ha habido datos de este control, y ríos como el Magro y el Vinalopó siguen entre los más contaminados de España. En el apartado de residuos, y a falta de que el Consell envíe el borrador de ley de Residuos a las Cortes, todo ha quedado en manos de Unión Valenciana, que dirige la Consejería de Medio Ambiente desde el pacto de Gobierno entre el PP y los regionalistas. Y aunque el consejero José Manuel Castellá ha logrado que Zaplana apruebe el Plan Integral de Residuos (PIR) elaborado por su gente, los presupuestos apenas han dado alas a un proyecto que requiere 50.000 millones de pesetas a cinco años para solucionar los residuos. Y precisamente la asignación económica es lo que da la medida de la ejecutabilidad de las promesas electorales de Zaplana. Así, a un coste medio de 300.000 pesetas por hectárea repoblada, las 160.000 hectáreas en cuatro años prometidas por el PP supondrían, sólo para plantar árboles, un presupuesto de 48.000 millones de pesetas. Para cumplir la promesa Zaplana tendría que haber duplicado cada año el presupuesto de Medio Ambiente.
