Desmesura

LA INTERVENCIÓN de la policía en la Universidad Autónoma de Barcelona ha acumulado tanta torpeza profesional que alguien debe pagar por el fiasco. No es de recibo que el ministro portavoz del Gobierno despache el asunto, al término del Consejo de Ministros, calificando la actuación policial como acorde a la situación provocada por los manifestantes. Si ése es el balance definitivo del Gobierno, ¿a qué viene entonces la investigación abierta por Interior y la comparecencia del ministro en el Congreso el próximo lunes? Un principio fundamental para la policía de un Estado democrático es la proporción entre la amenaza y la respuesta. Para evitar al presidente del Gobierno el abucheo de unas decenas de estudiantes en un campus universitario alejado de la ciudad de Barcelona se montó un cordón policial que los manifestantes trataron de atravesar y allí ardió Troya. El balance no puede ser más expresivo: diecinueve heridos -once estudiantes, tres docentes y cinco policías-, denuncia de entrada policial no autorizada en el recinto universitario por el rector, manifestación de 4.000 estudiantes al día siguiente en pleno centro de Barcelona, exigencia del inmediato cese de la delegada del Gobierno por parte del PSOE e Izquierda Unida, comparecencia del ministro del Interior ante el Parlamento... Si el propósito era silenciar a un grupo de universitarios hay que concluir que el responsable de la operación debe ser destituido de inmediato por ineptitud profesional. Es inimaginable, por mucho que Piqué salga por anticipado en defensa de la policía, que el Gobierno pueda sentirse satisfecho del balance de una jornada con la que seguramente Aznar pretendía emitir una señal de modernidad y apoyo a la investigación avanzada. En el imaginario colectivo de este país, al menos de los ciudadanos que tienen suficiente edad para haber padecido el franquismo, la visión de unos policías disparando pelotas de goma y golpeando a un grupo de estudiantes con la contudencia que se apreció por televisión, está irremediablemente asociada a la dictadura. Por desgracia para Aznar, esto se produce justamente cuando el presidente del Gobierno está tratando de convencer a los ciudadanos de su voluntad de centro, que no es otra cosa que moderación, convivencia con los discrepantes y respeto a la libre expresión. Es obligación de la policía garantizar la seguridad personal del presidente. También la de evitar un acoso abusivo. Pero sus mandos, políticos y profesionales, deben saber igualmente que la intervención desmedida genera disturbios por sí misma. A la luz de los hechos conocidos, y a falta de una investigación más precisa que debe rendir ante el Parlamento el ministro Mayor Oreja, no parece aventurado deducir que la desmesura policial tuvo mucho que ver con la reacción violenta de algunos estudiantes. Nadie puede pedir a la policía que se deje apedrear sin reacción de su parte. Pero alguien tendrá que explicar por qué amaneció la universidad de Bellaterra cortada por las fuerzas de seguridad sin que las autoridades académicas hubieran sido siquiera informadas de tal despliegue. Y por qué se cometió la torpeza de conducir a los manifestantes hacia una zona en la que transitaban numerosos estudiantes ajenos a la comitiva de Aznar y a quienes trataban de abuchearle o simplemente de exteriorizar una legítima protesta. La universidad española ha acumulado durante los últimos años demasiado malestar como para añadir ahora nuevos agravios. La seguridad no significa cortar cualquier expresión de protesta en un recinto universitario con estos métodos. Los ciudadanos esperan una explicación clara y convincente de los hechos.