Aesa sabía que su ex director económico era consejero de tres firmas auxiliares
Astilleros Españoles (Aesa) conocía que el ex director económico-financiero de las factorías de la Bahía de Cádiz, Francisco Javier García-Agulló, despedido en septiembre, pertenecía al consejo de administración de las empresas auxiliares Gaditana de Chorro y Limpieza, Industrias Metálicas de Chorro y Andamio y Clean Marine. Así lo ha entendido el Juzgado de lo Social número uno de Cádiz, que ha declarado improcedente el despido y ha condenado a la empresa pública naval a readmitir al directivo o a indemnizarlo con una cantidad que ronda los 40 millones de pesetas.
Pese a que AESA ha mantenido en todo momento que desconocía la actividad de su ex directivo y sostenía que no había sido autorizado para pertenecer al consejo de empresas con las que trabaja la compañía pública, la sentencia señala que la adscripción de García-Agulló a éstas auxiliares era público a través del Boletín del Registro Mercantil. "No ha existido ocultación en ningún momento del desempeño de éste, cargo que a su vez no ha sido retribuido nunca, ni tampoco se ha concurrido a ninguna de las sesiones de juntas y consejos", dice el fallo. La magistrada juez de lo Social número uno, María del Carmen Cumbre, añade: "La empresa, pese a que mantiene que no tenía conocimiento de ello, sí tenía en su poder documentación suficiente remitida por tres empresas auxiliares, donde se hacía constar los socios o miembros del consejo de Administración de sus sociedades, entre cuyos consejeros sabemos que se encontraba el actor ". El director general de AESA, Juan Taus, afirmó el pasado verano que la conducta de García-Agulló había sido "irregular", lo que desembocó en la expulsión de éste tras la instrucción de un expediente de investigación interno. El ex cajero de la factoría de Cádiz, José Manuel Acosta, fue suspendido de empleo y sueldo un mes por el mismo motivo. No hubo deslealtad El ex director económico de las factorías también acusaba a AESA de haber actuado discriminatoriamente, aunque la juez estima que no procede tal imputación ya que Acosta se encontraba en situación de trabajador pasivo transitorio y por tanto en desigualdad de condiciones. Pese a todo, la sentencia sí considera probado que ha existido una falta de incompatibilidad, aunque cuestiona que exista "proporcionalidad" entre la falta cometida por el ex directivo y la sanción impuesta por la empresa pública a su ex directivo. En la sentencia se considera probado que "no existe de toda la prueba practicada conducta desleal alguna realizada por el actor y que haya perjudicado a la empresa", por lo que se entiende que tampoco queda demostrado que "del resultado de dicha conducta hayan existido tratos de favor , pese a intentar la empresa hacer creer en el ánimo del juzgador que ello fue así, con la aceptación de pagarés". A la vez, en el transcurso del proceso ha sido posible conocer que García-Agulló realizaba "de forma continuada" actividades de asesoramiento a las empresas a las que pertenecía, a través de la Gestora de Servicios del Sur (Gevisur), una gestoría de su propiedad.Francisco Javier García-Agulló iba a ser prejubilado dos meses después de producirse su despido. García Agulló mantuvo, desde el principio, que pertenecía al consejo de administración de estas firmas auxiliares -que facturaron unos 1.500 millones de pesetas en su conjunto con AESA durante 1997, según datos oficiosos- con la intención de ayudar y asesorar desinteresadamente a sus propietarios ante el volumen de facturación que estaban alcanzado. En ningún momento percibió dinero de estas sociedades, según dijo y ahora da por probado la juez. El ex director económico e AESA en la Bahía gaditana, que dimitió de sus cargos en los consejos de administración después de que trascendieran públicamente las informaciones relacionadas con el caso, permaneció al frente de esta departamento durante, más de 30 años, hasta que el 27 de abril de 1998 fue transferido a otro área informática de nueva creación.
