El Gobierno rebajará las transferencias si el Ejecutivo andaluz no paga a la Seguridad Social

Llevan meses "conciliando partidas" pero aún no se han puesto de acuerdo en cuánto adeuda el Gobierno andaluz a la Tesorería General de la Seguridad Social. En tres días ambas administraciones han dado cifras absolutamente dispares. "Son 25.172 millones de pesetas", sostuvo ayer Julio Gómez Pomar, director del organismo del Ministerio de Trabajo. La consejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez, obvió el martes los recargos y limitó la deuda al principal: 3.112 millones. Gómez Pomar aseguró que, si la Junta no asume sus números, el Gobierno iniciará el "procedimiento de deducción", que le faculta para descontar de las transferencias a la comunidad autónoma las cantidades adeudadas.

"Vamos a deshacer los infundios de Magdalena Álvarez", introdujo José Torres Hurtado, delegado del Gobierno en Andalucía y el director de la Tesorería General de la Seguridad Social siguió el guión. Según sus datos, la deuda contraída por el Ejecutivo andaluz con este organismo asciende a 25.172 millones. "3.500 de principal, 228 en recargos de mora y 21.447 millones por recargos de apremio", desglosó Gómez Pomar. "Básicamente en el principal estamos de acuerdo", concedió el director de la Tesorería General. Pero en lo que las lecturas de los datos son divergentes es en los recargos. "Los de mora sí son condonables, pero los de apremio tendrán que pagarlos como todas las comunidades", afirmó. Sin embargo, para el Gobierno andaluz estos últimos -que se aplican cuando se sobrepasa el límite temporal de mora en el pago-, no entrarían en la categoría de deuda. "Las obligaciones de la comunidad autónoma no podrán seguirse nunca por el procedimiento de apremio", dice el artículo 26.1 de la ley andaluza de Hacienda Pública, de 1983. Ésta es la norma en la que se amparó el pasado martes Álvarez para dejar la deuda en 3.112 millones. "No hay problema de colisión entre leyes", adujo ayer Gómez Pomar, para quien la ley autonómica no es aplicable a una "legislación básica" como la que regula las obligaciones contraídas con la Seguridad Social. "Se trata de una barbaridad jurídica", aseguró. Gómez Pomar señaló que el Gobierno central está "legalmente habilitado" para iniciar, "si la Junta sigue con su postura contumaz", el "procedimiento de deducción". La Seguridad Social podría, entonces, deducir anualmente dinero de las transferencias de la Administración central al Gobierno andaluz para cubrir la deuda. El presidente autonómico, Manuel Chaves, insistió ayer en Almería en que la ley de Hacienda Pública impide al Gobierno andaluz hacerse cargo de recargos por apremio. "Es una ley que está vigente, puesto que no se imputó en su día", argumentó Chavez, informa Ana Torregrosa. Gómez Pomar admitió como cifra de partida de la deuda "51.812 millones en febrero de 1997". Y achacó su reducción a casi la mitad, "en un 70%" a pagos realizados por la Junta y "en un 30%" al proceso de conciliación. El director de la Tesorería General relacionó estos últimos desajustes con "la dejación de los anteriores responsables de la Seguridad Social". Titularidad de inmuebles Gómez Pomar no dejó pasar la oportunidad para referirse al segundo conflicto que mantiene su departamento con la Junta de Andalucía: la propiedad de inmuebles y solares de Cádiz, Málaga y Córdoba, que valoró en unos 4.000 millones de pesetas. El Ministerio de Trabajo no acepta que la Junta se haya atribuido la propiedad de estos edificios y suelos. "Vamos a dar un plazo de diez días para que acudan a un acto de rectificación ante los registradores de propiedad y en caso contrario iniciaremos acciones civiles o penales", anunció