Las licencias de obras permitieron edificar en zonas verdes de Camarles
VIENE DE LA PÁGINA 1 La sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia de Tarragona condena a seis años y un día de inhabilitación, además de al alcalde y su hija, a los concejales Tomàs Bové y Joaquim Roig, todos ellos pertenecientes al grupo de Convergència i Unió (CiU) en el anterior mandato municipal. Roig dejó de ser concejal tras las elecciones de mayo de 1995. Los hechos que han motivado la condena se remontan a 1994, cuando la comisión de gobierno de Camarles concedió tres licencias urbanísticas para edificar en una zona verde y en otra protegida por su carácter histórico-artístico. En concreto, en marzo y en agosto de 1994, el Ayuntamiento otorgó la licencia para construir dos casas a dos vecinas de Camarles en una zona calificada de verde, a pesar de que la Dirección General de Urbanismo no les había permitido recalificar urbanísticamente esta área. La sentencia considera que los condenados tenían "pleno conocimiento de la ilegalidad al permitir edificaciones en una zona verde". Por otra parte, en abril del mismo año también autorizaron la construcción de un almacén al lado de la Torre de Camarles, en donde, según las normas subsidiarias del consistorio, eran imprescindibles los informes favorables del Departamento de Cultura de la Generalitat y de la Comisión Provincial de Urbanismo. El Ayuntamiento de Camarles carecía de ambos permisos e incluso contaba con el informe desfavorable de los técnicos municipales. Sin embargo, los cuatro concejales concedieron la licencia. El abogado del alcalde y de los tres ediles ya anunció tras el juicio que recurriría contra la sentencia ante el Tribunal Supremo en caso de que ésta fuera condenatoria, tal y como ha sucedido. Primitivo Forastero, de 78 años de edad, es alcalde de Camarles desde hace más de 20 años. Después de la transición se afilió a Convergència Democràtica y ha ganado todas las elecciones municipales por mayoría absoluta. En la actualidad CiU tiene ocho concejales y tres el PP, en la oposición. Fue concretamente el PP el que presentó la denuncia judicial por estos hechos.
