Justicia y justicieros
EL MÁXIMO órgano del Poder Judicial ha hecho pública una nota en defensa de "todos y cada uno" de los magistrados del Tribunal Supremo que han sido objeto de "todo tipo de críticas, institucionales y personales, que muy frecuentemente han ido más allá de los límites tolerables". Que el motivo hayan sido los ataques del diario El Mundo contra Bacigalupo y García Ancos -explícitamente apoyados en la nota- no ha impedido que, con buen criterio, el Consejo General del Poder Judicial haya extendido su protesta a todas las acusaciones que han caído sobre los magistrados en los últimos tiempos. La nota del Consejo es una llamada que no pueden ignorar ni los partidos ni los medios de comunicación que se dedican a levantar sospechas cuando una sentencia no es conforme a sus deseos o a sus estrategias más o menos conspirativas.Los partidos, como canales que vertebran la representación política, deberían ser especialmente respetuosos con el Poder Judicial. Hace tiempo que no es así. Desde que el PSOE ligó las responsabilidades políticas a las penales y el PP vio en las actuaciones judiciales una vía para sus intereses partidarios, unos y otros no han hecho más que contribuir al descrédito de la justicia. Es inaceptable -y hacen bien los jueces en señalarlo, aunque sea indirectamente- que un partido político como el PSOE practique la descalificación y el proceso de intenciones contra los jueces acusándoles de manipulación política cuando no están de acuerdo con sus resoluciones, y es inaceptable que el PP haya recurrido a ejercicios triangulares prensa-jueces-dirigentes políticos para triturar a los adversarios. Esta irresponsabilidad de los partidos ha culminado con el lamentable espectáculo que dan PP y PSOE cada vez que hay que renovar algún órgano judicial sobre el que el Parlamento tiene competencia.
Siendo especialmente graves por su papel institucional los ataques y los intentos de manipulación de la justicia por parte de los partidos, no se puede obviar la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. No es aceptable que, al amparo de cierta conciencia de impunidad, algunos libelistas traspasen sistemáticamente los límites de la crítica legítima para lanzar sospechas contra los jueces que no se someten a sus chantajes. Ya es irresponsable de por sí la compulsiva tendencia de algunos predicadores dominicales a dictar sentencia antes de que los jueces se pronuncien. Pero más grave es que traten de condicionar sentencias futuras ante la sola presunción de que pueden ser contrarias a las que ellos han dictado previamente. El Mundo se ha especializado así en condenas o absoluciones inapelables bajo advertencias que con frecuencia rozan la amenaza; contando, eso sí, con que ningún juez del Supremo ejercerá una acción personal ante los tribunales.
No hay estado de derecho sin el ejercicio de la crítica, pero tampoco puede haberlo sin un respeto compartido a la independencia de la justicia. Ésta necesita de unos órganos de gobierno eficaces que garanticen el máximo escrúpulo en la actuación de los jueces y que actúen sin complejos corporativistas cuando haya síntomas de irregularidades. Como contrapartida, las fuerzas políticas tienen que renunciar al ejercicio de un cierto derecho de pernada sobre el Poder Judicial, y los medios de comunicación no pueden erigirse en una instancia definitiva que decide inapelablemente sobre la honra de los jueces. La nota del Poder Judicial es una buena guía para navegantes de la política y de los medios. Que alguien la haya manipulado hasta el punto de convertir en triunfo un severo reproche sólo es una muestra más de su catadura moral.
