Gil acusa a un juez de paralizarle una obra sin tener competencias
El Ayuntamiento de Marbella denunció ayer que el juzgado número 7, que decretó la paralización de una obra por un presunto delito contra la ordenación del territorio, prescindió del informe previo del fiscal para acordar dicha suspensión. La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Jesús Gil asegura que el juzgado que dictó la paralización no tiene competencias en el asunto Belmonsa y que el que debe entender del tema es el número 1, el primero en conocer el caso.
El gobierno municipal sostiene que el magistrado del juzgado número 7, Santiago Torres, hizo "caso omiso" a un informe del ministerio fiscal que señalaba que el juzgado competente para seguir la instrucción era el número 1 y "se opuso". Según la asesoría jurídica del GIL, se creó una situación en la que había "dos juzgados conociendo el mismo asunto, violentando gravemente la ley y los derechos de los imputados". Los abogados municipales sostienen que Torres acordó la paralización de la obra que levanta la constructora Belmonsa "sin informe previo del fiscal" y antes de que la Audiencia Provincial de Málaga se pronunciase sobre la competencia a favor del juzgado número 1, solicitada por la defensa. El letrado de la acusación popular, José Carlos Aguilera, negó que hubiese problemas de competencias entre los juzgados. Añadió que el fiscal tuvo conocimiento de la orden del juez de paralizar la obra y "no se pronunció". El Ayuntamiento insiste en que el propio fiscal formuló el pasado 25 de agosto un recurso ante la Audiencia de Málaga pidiendo que se declarase competente el juzgado número 1 en detrimento del 7, diligencia que no se notificó hasta ayer, "dejando a los imputados indefensos". La asesoría señala que la legalidad de la cuestionada licencia de obras se instruye en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a raíz de una denuncia de la Junta de Andalucía, "lo que puede dar, evidentemente, a tres decisiones judiciales contradictorias". La defensa de la obra solicitó la paralización del procedimiento penal que se sigue en el juzgado número 7 -delito contra la ordenación del territorio- hasta que el TSJA decidiera sobre la legalidad de la licencia. El juzgado número 7 ordenó el pasado lunes la paralización de las obras del edificio Torre Marina, que ocupa parte de una zona verde y cuya altura excede en más de cuatro veces lo permitido por el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), e impuso 350 millones de pesetas de fianza a sus promotores. El gobierno municipal concedió esta licencia de obras tomando como base la revisión del PGOU -que autoriza a levantar 13 plantas donde sólo se permiten tres alturas- de Marbella, que fue vetado por la Junta.
