El Tribunal Superior admite a trámite una querella contra Oliveri por prevaricación
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite una querella contra el consejero de Educación, Inaxio Oliveri, de EA, al que dos asociaciones de profesores acusan de cuatro presuntos delitos de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta). Los demandantes, maestros que defienden la enseñanza pública, acusan a Oliveri y a cuatro altos cargos de su departamento de desplazar de sus puestos de trabajo a 700 profesores de enseñanza secundaria para favorecer a los que proceden de las ikastolas publificadas, pese a que éstos no han aprobado la oposición correspondiente. El resultado de la política educativa de Oliveri, según critican los enseñantes, son "bajas forzosas, incremento de traslados y una permanente sensación de humillación. Se está primando la lengua por encima de los conocimientos". Dos organizaciones de profesores (Baroja, de Vizcaya, y la Asociación para la Defensa de la Escuela Pública, de Guipúzcoa) afirmaron que más de 700 maestros con la oposición aprobada han sido apartados durante 1997 y 1998 y sus plazas están actualmente cubiertas por profesores que provenían de las ikastolas. Los desplazados, algunos de ellos con veinte años de experiencia en la enseñanza pública, han sido destinados al cuidado de comedores o a la vigilancia de niños en los recreos, situación que los miembros de ambas asociaciones consideran "frustrante". PASA A LA PÁGINA 3
La querella contra Oliveri sostiene que profesores con 20 años de experiencia han sido relegados a tareas menores
VIENE DE LA PÁGINA 1 El presidente de la asociación guipuzcoana, Elías Goñi, aseguró ayer en San Sebastián que, entre febrero y octubre de 1996, Oliveri firmó varias resoluciones por las que profesores que no habían aprobado las oposiciones correspondientes, la mayoría de ellos procedentes de ikastolas publificadas, pudieron ocupar plazas de maestros que sí las habían aprobado. Los criterios para anteponer unos docentes a otros se basaron, según los denunciantes, en la especialización de cada uno y el perfil lingüístico. Pero dado que el baremo de la especialización sólo se puede aplicar a docentes con la oposición aprobada, al final todo dependía del conocimiento del euskera. Al menos 200 de los profesores que han sido "apartados" tienen el perfil dos de euskera. Los maestros que han sido "suprimidos" se dedican a realizar sustituciones, por enfermedad o hechos similares, y ocuparse de tareas como la vigilancia de comedores. Algunos de los enseñantes a los que se les ha asignado ese tipo de trabajo tienen más de 20 años de experiencia, según señalaron portavoces de ambas asociaciones. Ante una situación que consideran "insostenible", algunos de ellos han pedido su excedencia o el traslado a otras comunidades. La querella recuerda que en 1995 se convocó una segunda oposición restringida para los profesores de ikastolas, que podría ser anulada, ya que según la ley sólo se puede convocar una. Y para el curso que comienza el próximo septiembre, Educación ha aprobado una orden por la que profesores de ikastola sin oposición podrán desplazar de su puesto a los que la tengan. La querella supone, según las dos asociaciones, "la acusación más grave realizada contra un miembro del Gobierno vasco en los últimos 20 años". Oliveri podría ser condenado a entre cuatro y diez años de inhabilitación para cargo público.
