CiU se opone a que los jueces decidan el tercer grado carcelario
El consejero de Presidencia de la Generalitat y dirigente de CiU, Xavier Trias, adelantó ayer su posición contraria a traspasar la potestad de conceder el tercer grado penitenciario a los jueces. Según Trias, "sería un error sacar esta potestad de los responsables de Instituciones Penitenciarias. Es lógico que la normativa sea aplicada por aquellos que tienen las competencias en política penitenciaria, porque son ellos los que conocen las necesidades dentro de la prisión".La posición de la coalición nacionalista catalana, que da apoyo al Gobierno del PP, contrasta con la segunda y más decidida defensa que el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, hizo ayer en Barcelona de las posibilidades de reformar el reglamento penitenciario. Piqué dijo que el Gobierno está dispuesto a estudiar esta reforma -"es necesaria una reflexión serena", dijo- aunque desligó esta posibilidad de la polémica sobre la concesión del tercer grado penitenciario al exbanquero Mario Conde.
Ayer, el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, coincidió con las asociaciones fiscales en la defensa de que sean los miembros del Poder Judicial, y no los de Instituciones Penitenciarias, quienes concedan beneficios penitenciarios.
El abogado defensor de Mario Conde, Antonio García-Pablos, afirmó que el recurso presentado por el fiscal contra la concesión del tercer grado al expresidente de Banesto no se remite a ningún precepto legal, "porque no lo hay", dijo, para impedir este beneficio penitenciario concedido por la Administración.
La polémica sobre la concesión del tercer grado penitenciario ha producido contradicciones. Así, mientras el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, José Borrell, defendió que fuera facultad de los jueces, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de vigilancia penitenciaria defienden que la ejecución de las penas dependa de la Administración.
