La segunda parte de la Historia

El consenso genérico sobre la enseñanza de la historia en secundaria que a finales de junio alcanzó la comisión de humanidades debería dar paso a una segunda parte: un acuerdo más concreto de historiadores y profesores sobre contenidos básicos, criterios de enfoque y principios metodológicos. Es la posición de diversos expertos que en los meses de debate de las humanidades han estado a verlas venir y se han sentido arrollados por los políticos y los medios de comunicación. El objetivo es rescatar la asignatura del campo de batalla político, en el que la convergencia es punto menos que imposible, como se ha visto estos días con la polémica del catalán. Una vez de vuelta al terreno educativo, los historiadores reclaman su participación, incluyendo, como hace Javier Tusell, la celebración de un congreso sobre qué historia enseñar y cómo hacerlo.La mayoría de los historiadores y profesores consultados comparten tres ideas: las diferencias sobre la cuestión nacional no impedirían un acuerdo general de los profesionales; el acuerdo político es imposible con las actuales reglas del juego partidista, y lo que de verdad importa, más que las grandes palabras, es el trabajo de quienes escriben libros de texto y, por encima de todo, el esfuerzo de los profesores que cada día explican a sus alumnos.

Tusell está convencido de que sería "mucho más probable el consenso que el disenso" en un congreso como el que propone. "La historia no es una cuestión exclusiva de los historiadores, desde luego; pero digo yo que algo tenemos que decir. El ministerio y los gobiernos autonómicos deben saber que nos tienen a su disposición para seguir avanzando".

Miradas plurales

"La Constitución consagró la pluralidad y una visión de la historia compartida. Si estudiamos el 98 con un enfoque castellano, lo entenderemos tan mal como si lo hacemos con un enfoque catalán. Sólo lo comprenderemos bien con un entrecruzamiento de miradas plurales", afirma Tusell.Carmen Iglesias, que ha participado en la comisión de humanidades, considera que un congreso sería "una estupenda utopía y estaría muy bien llevarla a cabo, aunque no tenga fuerza legal vinculante". La historiadora tuvo serias dudas iniciales sobre la posibilidad de llegar a un dictamen consensuado, pero ahora estima que es la mejor opción "para empezar a andar" si se tiene en cuenta que "una reforma es imposible sin los profesores".

Santos Juliá cree que "una visión histórica uniforme no sólo es imposible, sino indeseable. No hay verdades históricas inconcusas. El consenso no debería versar sobre el contenido, sino sobre criterios generales. Un congreso sería útil, pero no para acordar un programa específico, sino para debatir la producción historiográfica de los últimos años".

Juliá cree que el debate acabará desplazándose de los políticos hacia los historiadores y los profesores, "porque todo depende de quien escribe el manual o se pone frente a los alumnos. Lo contrario sería adoctrinamiento y formación de un determinado espíritu nacional". "Los historiadores deben descontaminar la historia de los intereses de los políticos y éstos deben dejar en lo educativo cierto grado de indeterminación para no cerrar puertas a profesores e historiadores". Para Juan Pablo Fusi, "ni la concepción de España ni el análisis de los nacionalismos suscitan graves problemas entre los historiadores. El entendimiento entre expertos es más que posible, aunque pueda haber diferencias, que, desde luego, no son insanas en absoluto". "Hace tiempo que no se producía un clima de convivencia entre historiadores como el actual. Por profundos que sean los debates en nuestro ámbito, nunca revestirán la acritud de la lucha política", asegura Fusi, quién no oculta su escepticismo: "Como los historiadores utilizamos un lenguaje inteligible, muchos se creen que la historia es materia opinable sin mayor fundamento. No es así. Y me sorprendería que los políticos, con este clima de apasionamiento, llegaran a reconocer la autoridad intelectual de los historiadores".

Antonio Romeu de Armas, presidente de la Academia de la Historia, se muestra preocupado por "los nacionalimos furibundos, que quieren dar la impresión de que España no es un país, sino una especie de Sociedad de Naciones ibéricas, o que la Reconquista fue una contraofensiva frente a los musulmanes". "La verdad es que provoca una gran tensión emocional luchar para que la historia no sea un panfleto. Ahora resulta que hemos pasado de aquellos tiempos en los que todo se hacía en el hotel Palace a otros en los que cada uno hace o deshace lo que le conviene", afirma.

Julio Valdeón, miembro de la comisión que elaboró el anterior proyecto de Esperanza Aguirre, afirma que las recomendaciones del nuevo dictamen son "razonables, sensatas e incluso obvias". Valdeón reconoce que la polémica sobre el plan de Aguirre le resultó traumática y niega que se propugnara una concepción unitaria de España. "No calculamos es hasta qué punto era pantanoso el terreno en el que que nos metíamos, y quizá nos excedimos al entrar en tanto detalle, como me dijo John Elliot, que se extrañó de un desarrollo tan extenso".

El consenso profesional lo considera Valdeón "mucho más alcanzable que el político", pero recuerda la necesidad de "contar con el profesorado, porque la historia en el aula de secundaria no es la misma que la del historiador universitario". A pesar del debate, el historiador estima que, "si se analiza el trabajo real en el aula, la situación no es tan negativa como se piensa".

Encuesta nacional

Ramón Villares, presidente de la Asociación de Historia Contemporánea y ex rector de la Universidad de Santiago, coincide con Valdeón en desdramatizar el estado de la enseñanza de la historia, que, según su criterio, "no es calamitoso, aunque sí se deben armonizar los programas". "Lo que convendría hacer es un libro blanco de las humanidades en secundaria, con una gran encuesta a profesores, historiadores, pedagogos, directores, y también a los usuarios: a los alumnos. Y, a partir de ahí, sacar conclusiones reales", propone Villares, para quien el lema "lectura, lectura y lectura" de Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, "si se aplicara bien en todas las materias, no sólo en lengua, daría lugar a una excelente política educativa"."El mérito de Ortega ha sido conducir inteligentemente la transición desde una situación de conflicto, que no podía arreglarse con un ordeno y mando, a otra de expectativa. No estamos en la tierra prometida, pero hay cierta posibilidad de luz", afirma.

Antonio Domínguez Ortiz, que trabajó en el primer proyecto, da un voto de confianza a los gobiernos autonómicos, pero considera urgente que los ciudadanos asuman que la historia no debe ser un instrumento ideológico. "La proporción de profesores con un concepto elevado de la historia es mayor que la de políticos", afirma Domínguez Ortiz, lo que le hace suponer que un consenso profesional sería viable. "Creo que las conclusiones de un congreso de ese tipo no serían muy distintas de las que obtuvimos en la primera comisión", vaticina.