La Administración central responderá por las muertes en la carretera Bailén-Motril

Los tribunales juzgarán si el Ministerio de Obras Públicas (actual Ministerio de Fomento) y, en concreto, el que fuera su delegado en la demarcación de Andalucía oriental, Rafael Villar, fue responsable de los 240 accidentes de tráfico ocurridos en sólo cinco años en un tramo de unos 15 kilómetros de la nacional 323 en el que murieron 60 personas y 427 resultaron heridas de diferente consideración.Un auto de la Audiencia de Granada ha puesto orden en la confusa y dilatada instrucción del procedimiento sobre los accidentes de la ruta de la muerte. Antonio Gallegos, el juez instructor que había decretado el archivo de la causa, al entender que se trataba de una simple falta que además había prescrito, tendrá ahora que ordenar la apertura del juicio oral.

La decisión de Gallegos causó una gran consternación entre la asociación de damnificados por los accidentes de la ruta de la muerte, que durante seis años batalló para que la conducta de la administración fuera juzgada, sobre todo después de que el propio fiscal pidiera siete años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para Rafael Villar por los supuestos delitos de imprudencia temeraria con resultado de muerte y de prevaricación.

Delito y no falta

El auto de la Audiencia de Granada echa por tierra los criterios empleados por el instructor para cerrar el caso. En concreto, sostiene que el juez Gallegos se equivocó al considerar que las muertes y lesiones por imprudencia, a la luz del nuevo Código Penal, eran producto de una falta y no un delito de imprudencia temeraria. Al tener la falta un periodo de vigencia inferior al delito ordenó el archivo.Pero la Audiencia granadina va más allá y en contra del criterio del juez Gallegos cree que no es posible "descartar de forma absoluta y categórica la posible existencia de un delito de prevaricación" No obstante, el auto precisa que tal hipótesis tendrá que ser verificada durante el correspondiente juicio oral.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía acusó a Rafael Villar de mantener "una señalización y un estado de firme que no se correspondía con las características de la carretera". Según el fiscal, la carretera -hoy convertida en autovía- inducía a error a los automovilistas ya que permitía desarrollar una velocidad "claramente inadecuada". Otros fallos detectados por el fiscal fueron la existencia de pavimento deslizante, el mal estado del firme, la existencia de curvas sin visibilidad en las que, sin embargo, se permitían los adelantamientos y el mantenimiento de peraltes incorrectos.

El trágico resultado de todos estos despropósitos fue denunciado públicamente en 1992 por José Luis Hernández-Carrillo, juez de Paz de Iznalloz, quien "harto de levantar cadáveres" decidió acabar con aquel matadero. Los accidentes fueron tan numerosos que en el periodo investigado prosperaron a lo largo de la ruta de la muerte los negocios de chatarra. La única funeraria de Iznalloz vivió un triste periodo de esplendor e incluso, en los días lluviosos y con más riesgos, tuvo que requerir ayuda de otras empresas de pompas fúnebres para retirar los cadáveres de la carretera.