Ortuondo cede y desactiva la crisis con sus socios sobre las incompatibilidades
El alcalde de Bilbao, el peneuvista Josu Ortuondo, llegó tarde ayer a la reunión espontánea del tripartito bilbaíno que se celebró a primera hora de la tarde en Sabin Etxea (sede del PNV) para tratar de desbloquear el conflicto surgido a raíz del amago nacionalista de prorrogar la situación de privilegio de los funcionarios del consistorio de la capital vizcaína a la hora de compatibilizar su trabajo en el Ayuntamiento con otros fuera del mismo. Ortuondo, en poco menos de un minuto, desautorizó al concejal de Recursos Humanos, el peneuvista Vicente Bilbao, y al sindicato ELA (mayoritario en el comité de empresa del Ayuntamiento) y tranquilizó a sus socios, PSE-EE e Izquierda Unida, asegurándoles que el próximo martes todos los funcionarios recibirán su correspondiente notificación para que abandonen todos aquellos trabajos remunerados que estén efectuando fuera del consistorio. Durante la última semana, el concejal peneuvista encargado de Recursos Humanos había insinuado la intención de prorrogar la situación de privilegio de los funcionarios del consistorio bilbaíno sobre incompatibilidades. En junio de 1997 -aún en tiempos de la coalición entre nacionalistas y Partido Popular- se acordó una moratoria de un año para que los funcionarios abandonaran sus otras fuentes de ingresos. El PNV, con el silencio anuente del PP, intentó que esta situación se dilatara en el tiempo, concretamente hasta que viera la luz la Ley del Estatuto Básico de la Función Pública, en el Congreso de los Diputados. Esta apuesta no satisfacía a los otros dos socios actuales de gobierno municipal: por un lado, se dejaba de cumplir un acuerdo del pacto suscrito el pasado mes de enero sobre incompatibilidades y, además, se entraba en una profunda contradicción, ya que, por un lado, el consistorio abogaba por un jornada de 35 horas semanales (y 32 para los trabajos públicos) y, por el otro, permitía que sus funcionarios pudieran trabajar a dos bandas. Sentencias desfavorables Una sentencia en Leioa y otra en Galdakao ya habían obligado a estos municipios a revisar su política al respecto, pero, además, la citada ley no está ni siquiera en periodo de trámite en Madrid, con lo que tardaría más de un año, como mínimo, en hacerse realidad. Ni los socialistas ni Izquierda Unida están dispuestos a esperar tanto tiempo, ya que han entrado en el Gobierno municipal el pasado enero y las próximas elecciones municipales son en mayo de 1999. Para neutralizar esta división en el tripartito, Ortuondo no perdió el tiempo y, aún a costa de dejar a uno de sus concejales y al sindicato mayoritario en mala posición, prefirió llegar al final de la legislatura sin fisuras en su pacto. El alcalde se retira de la política en este mandato y aspira a salir por la puerta grande, sin disputas que ensombrezcan su gestión. Con la negativa de socialistas e Izquierda Unida por sabida, el concejal Bilbao intentó paralizar el asunto de las incompatibilidades amparándose en un informe de la asesoría fiscal municipal que avalaba la continuidad del pacto alcanzado con el Partido Popular el pasado verano. El PNV no podía llevar este asunto a pleno, ya que, por un lado, sus socios de gobierno votarían en contra y pondrían al tripartito al borde de la ruptura y, como otro motivo de indudable peso, una decisión plenaria podría ser recurrida con grandes posibilidades de naufragio. Este problema ha dejado una visible grieta en el PNV de Bilbao, que ya ha mostrado divisiones en otras cuiestiones, como el futuro de la Alhóndiga, y que tiene como trasfondo la lucha interna por encontrar un sustituto para Josu Ortuondo como cabeza de cartel para las próximas elecciones municipales.
