La huella del delito
Trastornos del sueño, estados de ansiedad, cansancio e irritabilidad son las secuelas, de menor entidad, que normalmente sufren las víctimas de un delito durante un largo periodo de tiempo. A estas consecuencias se suman otras, como alteraciones de la memoria, depresión y amnesia, en los casos más graves, según explica el jefe del Hospital Psiquiátrico de Vitoria, Jesús Ezkurra. Él, como otros especialistas en la materia, debe tratar a menudo a pacientes a los que un choque traumático ha dejado una profunda huella, que sólo el paso del tiempo y la asistencia médica puede resolver. Una encuesta realizada en septiembre del año pasado por el Gobierno vasco sobre seguridad ciudadana y delincuencia ha puesto de manifiesto la importancia del impacto psicológico que el delito tenía en las víctimas. El mayor choque reflejado correspondía a las víctimas de agresiones físicas y robos en domicilios y el menor, a los atracos en comercios y sustracciones de vehículos. Para Ezkurra, las repercusiones psicológicas de hechos delictivos no difieren en exceso de las que sufren otros pacientes tras vivir un suceso traumático. Distingue este especialista entre acontecimientos generales, como puede ser un desastre natural, e individuales. Entre estos últimos equipara la reacción de la víctima de un delito a la que experimenta quien ha sufrido un accidente, la muerte de un familiar querido o la pérdida de un empleo, aunque establece diferentes grados en función de la dimensión y gravedad del hecho. El proceso es, no obstante, muy similar. Como ejemplo, en el caso concreto de una violación o de una agresión, Ezkurra establece una serie de estadios que comienzan en el momento de sufrir el ataque con un sentimiento en la víctima de pánico e impotencia. Tras superar esta fase, viene la aceptación del hecho que está aconteciendo, cuya finalidad es sobrevivir: "Es el dejarse hacer para que no ocurra algo peor". Tras la materialización de la agresión, el ofendido puede experimentar "una justificación de la ofensa, el llamado síndrome de Estocolmo". Al tomar conciencia de haberse sometido, la víctima sufre sentimientos de humillación, desvalorización y culpabilidad. "Cree que es culpable del hecho por haber consentido, por no haberse resistido", afirma el psiquiatra. El proceso puede variar en función de la personalidad y la autoestima de quien sufre la agresión. Sin embargo, independientemente de esta circunstancia y del tipo de hecho soportado, las víctimas tienen siempre un fuerte sentimiento de injusticia por lo que les ha ocurrido. Las secuelas que se derivan de la realización de un acto ilícito son muy diversas y de muy diferentes grados. Pesadillas y trastornos del sueño son las más comunes, junto a estados de ansiedad y nerviosismo. El responsable del psiquiátrico vitoriano apunta a la depresión como una de las patologías más habituales entre las víctimas de delitos especialmente dolorosos, como las agresiones sexuales. Mecanismo de defensa Otros efectos secundarios son trastornos de la memoria y de la atención, irritabilidad, estrés e incluso amnesias selectivas que se producen sin que haya habido ninguna lesión psíquica que las justifiquen y que actúan a modo de mecanismo de defensa contra el sufrimiento. Ezkurra destaca las dificultades que estos pacientes encuentran para salir adelante. "Continuamente piensan en lo que les ha ocurrido; es un bombardeo persistente del que el individuo por mucho que lo intente no puede salir", explica. Las secuelas no se limitan al aspecto psíquico, sino que pueden ser también de tipo somático como casos de debilidad y de cansancio. La comprobación de la importante repercusión psicológica que tiene en las personas el ser víctimas de un delito impulsó hace ocho años la apertura en Bilbao del primer Servicio Vasco de Atención a la Víctima. En 1994, se abrió el de San Sebastián y un años más tarde, el de Vitoria. Durante este tiempo han atendido en conjunto a más de 5.000 personas. Creadas por el Gobierno vasco y ubicadas en los palacios de Justicia de las tres capitales, las oficinas -que ofrecen los servicios de expertos en Derecho, psicólogos y trabajadores sociales- tratan de devolver a las víctimas la confianza tanto en sí mismas como en la justicia y contribuir a paliar el sufrimiento de las que hasta hace poco eran las grandes olvidadas del sistema judicial. Estos organismos pretenden evitar que se produzca la denominada "segunda victimización", experiencia por la que pasan los agredidos cuando, tras sufrir el delito, no encuentran ni información sobre sus derechos ni asistencia inmediata. Para los expertos, esta situación puede ser incluso más perjudicial que el propio hecho delictivo, al tiempo que genera actitudes de rechazo y desconfianza. Según una estadística elaborada por el Departamento de Justiciad, un 63% de los atendidos en estos servicios son mujeres. Por edades, la franja comprendida entre los 26 y los 45 años supone el 53% de los usuarios. Los hechos delictivos más frecuentes sufridos por las víctimas que los utilizan son lesiones, amenazas, coacciones y agresiones sexuales.
