La Junta sanciona con 25 millones a Huelva por un delito medioambiental
La Junta ha impuesto una sanción de 25 millones de pesetas al Ayuntamiento de Huelva, presidido por Pedro Rodríguez, del Partido Popular, por un delito medioambiental consistente en depositar residuos sólidos urbanos en la zona conocida como Marisma de Mendaña, donde está prohibido. El vertido del Ayuntamiento onubense se realizó sobre las denominadas balsas de fosfoyesos, unas extensiones de terreno compuestas por desechos industriales procedentes de las fábricas del polo químico que hay en la periferia de la ciudad.
La resolución, fechada el 5 de mayo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, está firmada por el delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva, Manuel Eugenio Romero. El fallo, de una extensión de ocho folios, podrá ser recurrido por el Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes ante el viceconsejero de Medio Ambiente. Las balsas de fosfoyesos están catalogadas actualmente como lugar para la recuperación ambiental. En el entorno de la capital, en la zona de la ría del Tinto, existen 80 millones de toneladas de fosfoyesos, que cubren una superficie de 1.200 hectáreas. Esos residuos son depositados allí desde hace 30 años por las empresas Fertiberia y Foret. El lugar se ha convertido, poco a poco, en un paisaje lunar, cerca de algunas barriadas de Huelva. En ese sitio, el Ayuntamiento ha comenzado a depositar basuras, según la resolución. El dictamen expone que "sólo existe autorización ambiental para los depósitos de los residuos de Fertiberia" y que "la Consejería de Medio Ambiente, competente en esta materia, no ha autorizado al Ayuntamiento de Huelva el vertido de los residuos denunciados". La resolución considera que las alegaciones presentadas en su día por el Ayuntamiento "carecen totalmente de fundamento jurídico", porque, entre otras cosas, definen a la zona de los vertidos urbanos como marisma, cuando se trata de terreno marítimo-terrestre. El fallo recuerda una resolución del director general de Protección Ambiental de la Junta en la que se indica lo siguiente: "Deberá instalarse en el límite del dominio público marítimo-terrestre una valla protectora, de forma que se imposibilite el vertido de cualquier residuo que previamente no se haya identificado y no tenga un destino concreto". Asimismo, recuerda que la Ley de Costas prohíbe expresamente "el vertido de residuos sólidos al mar y su ribera". La resolución llega en un momento de gran preocupación en Huelva por el futuro de las balsas de fosfoyesos. Los ecologistas han denunciado que esos residuos desprenden radiaciones radiactivas 10 veces mayores a lo autorizado por la ley.
