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Asturias recibirá el doble de ayuda que Andalucía para cuidar la biodiversidad

Nuevas normas de "etiquetas energéticas"

La comunidad uniprovincial de Asturias recibirá casi el doble de ayudas que la de Andalucía (ocho provincias) en el reparto de subvenciones que ratificó ayer el Consejo de Ministros para conservación de biodiversidad; 53 millones frente a a 25.El reparto territorial de 377 millones de pesetas se ajusta a una distribución adoptada previamente por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 12 de marzo en función de la superficie que cada autonomía propone incluir en la Red Natura 2000, los planes de recuperación de especies y las divulgación de estrategias de conservación. Según estos criterios, Cataluña recibe la mitad que Aragón (23 millones). Castilla-La Mancha encabeza la lista con 58 millones, seguida de Asturias y Extremadura (53), Castilla y León (34), y Madrid (33). Murcia cierra la relación (2,4 millones).

Instituto de Toxicología

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Reglamento del Instituto Nacional de Toxicología, un órgano auxiliar de la Administración de Justicia en la emisión de informes periciales e investigacions toxicológicas sobre biología, criminalística, drogas o el medio ambiente, ya sean ordenados por las autoridades judiciales o por empresas públicas en cuestiones que afecten al interés general. El Instituto tiene su sede nacional en Madrid y contará con dos departamentos territoriales en Barcelona y Sevilla y una delegación en Santa Cruz de Tenerife.El Consejo aprobó también un Real Decreto que incorpora a la legislación española una directiva europea sobre el etiquetado energético de los electrodomesticos. Los consumidores podrán conocer a través de las etiquetas la eficiencia energética de los aparatos, el consumo de agua y, en su caso, el nivel de ruido durante su funcionamiento. Dentro del ámbito del consumo el Ejecutivo adoptó aplazar hasta el año 2000 la entrada en vigor de un decreto de 1993 que regulaba la indicación de los precios. El aplazamiento se justifica en que en breve plazo la legislación actual será sustituida por la trasposición de una directiva europea sobre precios que facilitará la transparencia del mercado gracias a una información clara sobre los precios de los productos por unidad de medida elegida; litro, kilo, metro...

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