El Tribunal Supremo avala por 21 votos a 13 el ascenso y designación de Fungairiño
El ascenso a fiscal de sala de Eduardo Fungairiño y su nombramiento como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, decididos por el Gobierno a propuesta del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, con el informe en contra del Consejo Fiscal, fue ayer convalidado por la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo por 21 votos frente a 13. Las dos asociaciones de fiscales que recurrieron en su día el nombramiento de Fungairiño lamentaron ayer un acuerdo que, en su opinión, favorece el control político del Ministerio Fiscal por el Gobierno.
La Asociación de Fiscales (AF) hizo público que "Iamenta profundamente" que la mayoría de los magistrados hayan estimado legal el nombramiento de Fungairiño, porque ello "favorece el control político del Ministerio Fiscal". El portavoz de la AF, Miguel Colmenero, tras acatar el acuerdo del Supremo, aseguró que éste "deja al Consejo Fiscal como órgano sólo consultivo, que no resulta útil para contrarrestar la influencia política que el Gobierno pueda tener en el Ministerio Fiscal a través del fiscal general".Por su parte, un portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Alfonso Aya, recordó que Cardenal hizo la propuesta de Fungairiño "a espaldas y en contra del voto unánime del Consejo Fiscal, como órgano representativo de la carrera fiscal, y en contra igualmente de la práctica mantenida por todos los anteriores fiscales generales desde la finalización de la dictadura". La UPF denuncia el "oscurantismo" de Cardenal y la ministra de Justicia.
Varios magistrados discrepantes han anunciado votos particulares, entre ellos el ponente Ramón Trillo, al que sustituye Pedro Antonio Mateos para redactar la sentencia.
Mayoría
La mayoría de los 34 magistrados que asistieron al pleno, faltó uno por enfermedad, estimaron legales las propuestas de Cardenal y los subsiguientes acuerdos del Gobierno que incorporaron al líder de los fiscales indomables de la Audiencia Nacional a la jefatura de su físalía y a la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano asesor del fiscal general, en mayo de 1997.Precisamente, la importancia de la autonomía de este órgano para asesorar al fiscal general, designado por el Ejecutivo, y otorgar cierta independencia al Ministerio Fiscal aconsejó al legislador exigir que los ascensos a fiscales de sala se produjeran "conforme a los informes" del Consejo Fiscal.
Habrá que esperar a los razonamientos de la sentencia para conocer su motivación. La gran mayoría de quienes se pronunciaron en contra del recurso de la AF no intervinieron en el pleno y algunos, como Jesús Ernesto Peces-Morate, argumentaron que el mantenimiento de la unidad de actuación y el principio jerárquico del Ministerio Fiscal aconsejaban desestimarlo. El recurso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) aún no se ha resuelto.
Al comienzo de las tres horas de deliberación, dirigida por el presidente de la sala, Ángel Rodríguez, de modo poco parcial según algunos magistrados de la minoría, el ponente Ramon Trillo propuso anular los nombramientos de Fungairiño como fiscal de sala y fiscal jefe de la Audiencia Nacional por cuestiones formales, al entender que no hubo en realidad un informe del Consejo Fiscal, no una serie de opiniones sobre la idoneidad de Fungairiño contrarias a la propuesta de Cardenal.
Claudio Movilla se opuso a este planteamiento y sugirió que se abordara la cuestión de fondo: si la exigencia del artícu13 del Estatuto del Ministerio Fiscal, según la cual los ascensos a fiscales de sala han de producirse "conforme a los informes del Consejo Fiscal, implica que tal informe es vinculante, por lo que el ascenso y subsiguiente designación sería legal. Movilla adelantó su opinión de que los nombramientos de Fungairiño adolecían de "nulidad radical".
El debate se encauzó hacia el análisis de la expresión estatutaria "conforme a los informes", para determinar si tiene o no carácter vinculante. Y se relevó aTrillo como ponente.
Los magistrados de la minoría insistieron en la trascendencia de la decisión para un funcionamiento del Ministerio Fiscal desvinculado del Gobierno. Alegaron que, como contrapeso a la designación gubernamental del fiscal general, el máximo órgano de asesoramiento del mismo, la Junta de Fiscales de Sala, no debe quedar al arbitrio del Ejecutivo.
Entre los 13 magistrados de la minoría figuran Trillo, Movilla, Pascual Sala, Vicente Conde Martín de Hijas, Segundo Menéndez, Fernando Ledesma, Mariano Baena, Juan Antonio Xiol, Eladio Escusol y Rafael Fernández Montalvo. Los argumentos de la mayoría coincidieron con los del abogado del Estado y con un trabajo del catedrático de Derecho Procesal Andrés de la Oliva según el cual el informe del Consejo Fiscal no es "un veto de ascenso a la categoría superior (... ) que vincule al fiscal general el Estado".
En el ámbito político, la resolución ha sido bien acogida por el PP, cuyo portavoz de Justicia en el Senado, Alfredo Prada, dijo que la decisión del alto tribunal "desmantela la estrategia de oposición del PSOE en materia de justicia" dirigida "a conseguir distraer de los problemas judiciales" de algunos de sus dirigentes.
Por su parte, el líder del PSOE, Joaquín Almunia, senaló en Logroño que acata las sentencias del Supremo, aunque "le hubiera gustado otro resulado". Igualmente respetuoso con las decisiones judiciales se mostró el secretario general de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, pero agregó que se mantiene un nombramiento " decidido por el Gobierno e impuesto al fiscal general".
