La 'telebasura' que viene
El último mes del pasado año ha visto reverdecer las críticas y protestas contra la telebasura, con una extraña unanimidad. Asociaciones de usuarios y entidades ciudadanas han promovido un manifiesto. Medios conservadores y progresistas parecen coincidir, por una vez, en una crítica social concreta. Y hasta el Gobierno, por boca de su portavoz, declaró su profunda preocupación.El problema está en que bajo el acuerdo formal sobre los síntomas hay profundas desaveniencias sobre las causas y los remedios. Primero sobre la definición misma de telebasura, que muchos identifican sin más con la violencia y el sexo, enfirentándola a la .,,calidad" que se asimilaría a la imposición general de una moral conservadora. Después, sobre las causas, que algunos pensadores conservadores atribuyen a la intrínseca perversidad humana, a la instintiva "inclinación a la violencia y a la sensualidad", claramente anidada en esta ocasión en los programadores y los espectadores de televisión. Al amparo de citas de Platón, algunos de estos teóricos no tenían empacho en propugnar, para el programa del PP, la anulación completa del concepto de servicio público y la privatización de cadenas estatales de televisión. Pero, a finales de 1997, el gobierno mismo daba una muestra extrema de esas contradicciones flagantes. Por un lado, reeditaba la ida de una regulación legal de los contenidos televisivos- ya saltó por los aires con la filtración, hace un año de un torpe proyecto de ley-, justamente tras practicar desde entonces una "política de comunicación" gubernamental que le priva de toda credibilidad para una acción en este campo, irremediablemente ya bajo sospecha política. Por otra parte, el Ejecutivo aprobaba un proyecto de ley que permitirá privatizar las autonómicas y crear nuevas televisiones comerciales de ámbito regional.
Resulta difícil imaginar actuaciones más contrapuestas. Porque la programación televisiva española abierta está ciertamente a la cabeza de la Unión Europea en la vulgaridad de contenidos, en la abundancia de programas baratos de plató, en las prácticas de contraprogramación, y hasta en el incumplimiento de las normativas legales españolas y europeas. Pero ello no se debe a la maldad de los gestores, programadores y productores, sino al sistema televisivo más desequilibrado y precario de toda Europa en términos económico-fmancieros: 230.000 millones de pesetas aproximadamente de ingresos publicitarios frente, a más de 440.000 de gastos anuales. Con unas cadenas públicas lanzadas a luchar a toda costa por ese mercado (aunque se financien mayoritariamente vía subvenciones o endeudamiento) y unas privadas que buscan lógicamente conseguir beneficios, el mercado evidencia continuamente su incapacidad para mantener cinco canales abiertos comerciales.
En este marco, la privatización total o parcial de las autonómicas o la creación de cadenas comerciales regionales no haría más que agudizar la competencia y los problemas económicos, y ello sin tener en cuenta las sospechas políticas suscitadas por sus concesiones. Aunque no sea la única amenaza: el ministro de Fomento ha anunciado (¿advertido?) la posible concesión de una o dos televisiones comerciales más en el ámbito estatal. Y la oferta electoral del PP de privatizar una cadena de TVE nunca ha sido públicamente descartada.
Las autonómicas han caído generalmente en los peores vicios de TVE a escala regional, desde la creación de aparatos elefantiásicos cargados de costes fijos, hasta la marginación de sus programas culturales o educativos y el ensalzamiento de los productos más comerciales y menos autóctonos; y eso sin contar con su manipulación por los Gobiernos de tumo en ausencia de auténticos mecanismos de oposición y control. Son de nuevo consecuencias de una estructura política y económica viciada, en cuyo contexto la llegada de gestores menos escrupulosos ha incrementado cualitativamente esos trazos en algunos casos. Pero la forma de' hacer frente a esas perversiones del servicio público regional no parece ser la de acentuarlas con la privatización -más competitivadad comercial, menos control y participación social-, sino la de reformular su estatuto de servicio público, reforzando su papel como espacio de pluralismo y como motor de la cultura y la industria audiovisual regional, asegurando su equilibrio financiero y limitando su dinámica comercial.
Todo esto no pretende quitar pertinencia al Manifiesto contra la telebasura, que tiene el valor de rechazar la acomodación a una situación nefasta y de buscar una concienciación social. Ni niega la necesidad de un Consejo independiente de los medios audiovisuales, que existe ya en todos los países de nuestro entorno y que la experiencia española reciente reclama imperativamente. Pero marca ¡os límites del voluntarismo, ayuda a distinguir a los pescadores en río revuelto y enseña que sin un marcoviable y unas reglas políticas transparentes para todos los actores no es posible ni la regulación ni la autorregulación.
Más aún, sin esas reformas fundamentales, y con la potencial privatización de las televisiones regionales, el problema no reside en la telebasura de hoy, sino en la telebasura que nos viene.
