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El tribunal ordena el ingreso en prisión de dos militares condenados a penas de cinco y 10 meses

Miguel González

El Tribunal Militar Central ha rechazado la remisión condicional de la pena y ha ordenado el inmediato ingreso en prisión del comandante Vicente Blázquez Motos y del teniente Eleuterio Alonso Rojas, condenados a 10 y cinco meses de cárcel, respectivamente, por la adjudicación fraudulenta de contratos de suministro. Blázquez, de 60 años, y Alonso, de 58, dejaron el servicio activo hace más de siete años y los hechos por los que han sido condenados se remontan a 1989, cuando estaban destinados en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid). El tribunal argumenta que su ingreso, ahora como reclusos, en el mismo centro penitenciario en el que cometieron sus delitos servirá como "prevención".

Entre los años 1987 y 1989, el comandante Vicente Blázquez Motos y el teniente Eleuterio Alonso Rojas eran jefe de la unidad de servicios y auxiliar de cocina del centro penitenciario castrense.Prevaliéndose de su puesto, según el Tribunal Militar Central, consiguieron que varios contratos de compra de productos alimenticios para la prisión fueran adjudicados a dos empresas de su propiedad, Compañía Industrial Cinegética y Agropecuaria (CICA) y Comercial de Alimentación Roycasa S. L., por un importe superior a los 15 millones en el caso del comandante y de cinco millones en el caso del teniente.

En una sentencia dictada en noviembre de 1995, el tribunal condenó a Blázquez y Alonso a 10 y cinco meses de cárcel por un delito continuado contra la hacienda militar, consistente en la contratación fraudulenta de suministros para la prisión. De la sentencia se deduce, sin embargo, que no existió o no pudo demostrarse que dicho fraude causara perjuicio económico alguno, ya que el fiscal militar no exigió responsabilidades civiles y el propio tribunal consideró "irrelevante el daño acarreado o podido causar a la Administración castrense", así como la existencia o no de "perjuicio efectivo" para el Estado o de "lucro real" para los dos condenados.

Sin antecedentes

La sentencia fue confirmada en junio de 1996 por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, lo que llevó al defensor de los dos oficiales a reclamar la remisión condicional de la pena, de forma similar a lo que sucede en la jurisdicción ordinaria, donde habitualmente se suspende el ingreso en prisión cuando la condena es inferior a dos años y los condenados carecen de antecedentes penales.El defensor alegó también que los condenados ya no pertenecen a las Fuerzas Armadas, pues el comandante pasó a la reserva transitoria en junio de 1990 y el teniente, en septiembre de 1989, por lo que no sólo no pueden reincidir en delitos contra la hacienda militar sino que, dados los años transcurridos, su ingreso en prisión no tiene carácter ejemplar ni. puede contribuir en modo alguno a su reinserción social.

El Tribunal Militar Central ha rechazado todos estos argumentos afirmando que, aunque los dos condenados podrían obtener la suspensión de la pena por llevar más de tres años fuera del servicio activo, no se merecen este beneficio.

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"La desestimación no se fundamenta sólo en atención a la peligrosidad criminal de los condenados, sino en función de la gravedad de los hechos por los que fueron sancionados", afirma en un auto dictado el pasado 16 de octubre.

Agrega, además, para desestimar la suspensión de su ingreso en prisión, "los no desdeñables fines de prevención general y especial que debe cumplir en este caso la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas, justamente mediante el internamiento en el centro penitenciario militar donde desarrollaron su rechazable conducta delictiva".

Por todo ello, el tribunal ordena "ejecutar sin dilación las penas privativas de libertad", en un auto contra el que no cabe ya recurso alguno.

La única posibilidad que queda a los dos militares para eludir su ingreso en prisión radica en que el Consejo de, Ministros acceda a la petición de indulto que ha sido formulada pero, según fuentes jurídicas, el mismo tribunal se ha pronunciado en contra de que se les conceda.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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