El FIS afirma desde el exilio que los últimos ataques están dirigidos contra sus seguidores
El Frente Islámico de Salvación (FIS), ilegalizado tras el golpe militar de 1992 que impidió su ascenso al poder, condenó ayer "firme y enérgicamente" la última matanza de civiles. En declaraciones a una emisora de radio de París, el portavoz en el exilio del FIS, Abdelkarim Uld Ada, denunció que los autores de las últimas carnicerías -localizadas en feudos electorales del islamismo- tratan de vengarse de la población "que votó masivamente por el FIS" en la primera vuelta de las legislativas, en diciembre de 1991. Pero el FIS no va más allá en sus acusaciones y no dice quién está detrás de las matanzas.
Uld Ada reiteró también ayer su petición a Naciones Unidas para que su secretario general, Kofi Annan, intervenga en la sangrienta crisis argelina, y exigió la dimisión del presidente Liamín Zerual y de todo su Gobierno, a quienes acusó de negarse a buscar una solución negociada. Pocas horas antes de que se conociese el ataque de Bentalha, el primer ministro argelino, Ahmed Uyahia, había increpado en la televisión estatal a quienes "alimentan la violencia" desde los medios de información, y reiterado por enésima ez que el terrorismo es "residual".Uyahia declaró solemne mente que su Gobierno no está llevando a cabo ninguna negociación con el FIS y que las próximas elecciones locales, previstas para el 23 de octubre "se desarrollarán en calma y sin atentados". El primer ministro quiso así salir al paso, entre otras, de las informaciones publica das por EL PAÍS, en las que se afirma que el Ejército ha acaparado el protagonismo de las negociaciones con el islamismo, arrebatándoselo al presidente Zerual y a su Gobierno.
Las matanzas han venido a desmentir con la tozudez de los hechos las palabras del jefe de Gobierno. El terrorismo en el país magrebí ni es residual, ni está acabado. Simplemente es diferente, escapa a todos los es quemas tradicionales del terror. En Argelia, el terrorismo se ha disfrazado con un envoltorio de islamismo extremo bajo las si glas del Grupo Islámico Armado (GIA) y tiene desorientados a todos los analistas y estrategas, que no saben cómo hacerle frente.
Esta sensación de impotencia ante la ola de matanzas ciegas que se llevan por delante a centenares, a miles de niños, jóvenes y mujeres, atenaza a toda la sociedad argelina. La prensa y los partidos de la oposición han pedido aclaraciones y responsabilidades políticas.
Impotencia del régimen
Pero la impotencia que genera la serie ininterrumpida de matanzas alcanza también a las instituciones. Según informaciones procedentes de Argel, el presidente Zerual reunió la semana pasada, a su regreso de un viaje oficial a Jordania, al Consejo de Defensa, el máximo órgano de la seguridad del país, que congrega a los más altos responsables políticos y militares del Estado, para abordar la crisis actual.
El enfrentamiento verbal entre Zerual y la cúpula militar fue muy tenso. El presidente pidió la dimisión del jefe del Estado mayor, el general Mohamed Lamari, considerado como el virtual número uno de la jerarquía castrense. Pero el Consejo no se la aceptó. En contrapartida, el general Lamari exigió "incrementar las medidas contra del terrorismo".
En Argel se interpreta esta exigencia del Ejército como una petición velada al presidente Zerual para que se ponga a la cabeza de una nueva proclamación del estado de emergencia: de un golpe militar blando. Las salidas institucionales a la crisis no son muchas. "La posible dimisión del Gobierno de Uyahia -tal como se rumorea en la capital argelina- no lo resolvería", estiman fuentes diplomáticas occidentales. El presidente podría presentar también su dimisión, con lo que la situación volvería a la de 1992-1993, o podría intentar modificar la cúpula militar y de seguridad y nombrar a hombres de su confianza. Esta última posibilidad, sin embargo, no sería admitida por el Ejército, soberano en las promociones o jubilaciones anticipadas.
Esta vez el cerco se ha hecho mucho más estrecho en torno a Zerual, para obligarle a asumir las funciones que prevé la Constitución o dejar paso a los militares en la conducción de la crisis, de la que un eventual pacto con el FIS sólo sería un aspecto.
