La oposición a Itoiz emplaza a Isabel Tocino a parar la presa

La Coordinadora de ltoiz emplazó ayer al Ministerio de Medio Ambiente a paralizar las obras del embalsé de Itoiz (Navarra) en una semana. Si tras ese plazo "de confianza" no se toma tal medida, la Coordinadora instará a las autoridades judiciales a que obliguen al Gobierno a hacerlo, según la abogada María José Beaumont, portavoz del organismo opositor. El Ejecutivo Central y el Navarro, interpretan, por el contrario, que el Supremo avala el proyecto de la obra, tal como la aprobó el ex Ministerio de Obras Públicas.

La Coordinadora considera que la sentencia del Tribunal Supremo cierra el "cerco Judicial sobre una obra que debe acogerse a las dimensiones estipuladas por la sentencia del Supremo, esto es: un embalse de 9,7 hectómetros cúbicos de capacidad, con una presa de 25,8 metros de altura máxima". [El Supremo no hace mención alguna de cuál debe ser la, capacidad del embalse, ni su cota máxima]. "La sentencia es inapelable y deja clarísimamente marcadas las pautas de actuación", señaló María José Beaumont.La abogada destacó que el Supremo considera que no es aceptable la modificación que el Parlamento navarro hizo a través de la Ley Foral de Espacios Naturales, al cambiar el marco jurídico de las bandas de 500 metros de protección de los espacios naturales (las tres afectadas por Itoiz se quedaron. sin ellas). Fuentes jurídicas próximas al Ministerio de Medio Ambiente interpretan, por el contrario, que la sentencia del Supremo se refiere a la legalidad del proyecto en función de la norma foral vigente en la fecha de su aprobación (1990), pero con la ley actual (mayo de 1996) el embalse no afectaría a esas bandas de protección porque ya no existen; considera suficiente protección la lámina de agua del embalse que impediría el acceso a donde anidan las aves protegidas.

Proyecto a salvo

Según esta tesis, el Ministerio sólo tendría que dictaminar una resolución que ratificara el proyecto original, con lo que quedaría subsanada la ilegalidad puesta de manifiesto por la sentencia.El ex ministro de Obras Públicas, José Borrell, afirma que el fallo judicial le llena de satisfacción porque convalida la recta actuación de su departamento, frente a las acusaciones de ilegalidad vertidas por los ecologistas, o el mismo fallo de la Audiencia Nacional que declaró ilegales las obras en 1995, y viene a ratificar que era innecesaria una ley específica para poder acometer la obra, en contra de lo que sostenía el PP. Borrell añadió que corresponde ahora a los gobiernos Central y Navarro determinar cómo se debe actuar para respetar los términos de la sentencia. Muy lejos de esta interpretación, la Coordinadora cree que la Audiencia Nacional debería parar las obras "enviando si fuera necesario a la Policía Judicial. La pelota está en el tejado de Isabel Tocino; vamos a dar de plazo hasta la semana que viene para que actúe con sensatez y pare las obras. De lo contrario, actuaremos en consecuencia". Beauniont añadió que la versión del Gobierno navarro de que las obras no quedan afectadas les una burda mentira, exponente de la locura que anida en la Administración foral" y no descarta recurrir a la vía penal.

Las obras de la presa, cuyo coste se ha elevado de 16.406 millones a 24.000, fueron saboteadas en abril de 1996 por el grupo Solidarios de Itoiz que causaron daños valorados en más de mil millones de pesetas. El sabotaje originó el despido de 306 obreros mientras se reparaban los desperfectos.