Massera propone colaborar con la justicia argentina para esclarecer la guerra sucia
Emilio Massera, uno de los más destacados represores de la última dictadura castrense argentina (1976-1983), propuso colaborar con la Justicia a cambio de "un gran acuerdo nacional" que cierre las heridas del pasado, publicó en portada el diario Clarín. El ex jefe de la Marina, de 75 años, comandante de la Junta Militar durante el primero y más salvaje tramo de aquel horroroso régimen, habría ofrecido datos sobre la suerte de las 10.000 personas desaparecidas en las comisarías o cárceles clandestinas de las tres armas. Quien fuera uno de los Jefes con más poder e información sobre la represión negó ayer que disponga de listas con el paradero de sus víctimas, y la veracidad de la propuesta que le atribuye el diario nacional de mayor circulación. "Desmiento totalmente la información. Sencillamente, no tengo esos datos".A pesar de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el posterior indulto a los comandantes implicados en terrorismo de Estado, las secuelas de la dictadura persisten porque las barbaridades cometidas por sus servidores difícilmente pueden ser olvidadas. El juez federal Adolfo Bagnasco, que tiene a su cargo una de las más repudiables, el robo de niños, citó a declarar a tres oficiales retirados de la Fuerza Aérea para interrogarles sobre el carácter de los últimos vuelos efectuados a Europa.
El magistrado investiga el paradero de 200 menores, hijos de desaparecidos, muchos de ellos nacidos durante el cautiverio de sus padres y entregados después a sus verdugos o familias de la confianza del régimen. Las pesquisas de Bagnasco pretenden determinar la misión de los Hércules A-130 despachados hacía distintas capitales europeas entre octubre y diciembre de 1983, año en que se ordenó la destrucción de archivos comprometedores.
Indulto protector
Gracias al indulto del presidente Carlos Menem, en diciembre de 1990, posterior a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final promulgadas por Raúl Alfonsín (1976-1983), Massera no afronta problemas penales con la justicia, pero puede ser condenado por la Corte Suprema a pagar 250.000 dólares (unos 35 millones de pesetas) en concepto de daños morales y materiales al único sobreviviente de una familia desaparecida, que le interpuso querella. Es probable que Bagnasco le cite en esta causa. También está procesado en España -por el juez Baltasar Garzón- en Italia. Según el diario Clarín, el marino estaría dispuesto a decir lo que sabe a cambio de una conciliación nacional, cuyos términos no se precisan."Militares y jueces que suelen hablar con Massera, ya sea en forma personal o a través de amigos comunes", señala el rotativo de Buenos Aires, "sostienen que el ex almirante propuso 'hablar con todos los partidos políticos y las organizaciones de derechos humanos' para tratar de llegar a una especie de acuerdo sobre este delicado tema".
Evidentemente, Massera puede aportar elementos esclarecedores sobre los miles de detenidos que clandestinamente pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), situada en el centro de la capital federal, cuyos potros de tortura fueron los más activos de la dictadura.
Fuentes militares admiten que ese centro fue "el mejor organizado" y "es muy probable que Massera haya podido que darse con listas de los que pasaron por allí". No está claro, de ser cierta la propuesta atribuida a Massera, cuál es la verdadera intención del único comandante que, en un momento dado, quiso construir un surrealista proyecto político. En 1995 declaró: "Yo quise dar las listas de bajas, pero no fue posible reconstruirlas". En aquella entrevista, desconociendo lo ya probado por la justicia, agregó que los crímenes de la ESMA fueron "una fantasía". Militares en activo, con altos cargos en las Fuerzas Armadas, saben que Massera sabe mucho: "Él fue quien propuso en 1978 publicar las listas de desaparecidos. Lo llamaba El libro blanco. Se supone que para entonces tenía registrado lo sucedido en la ESMA". No faltan quienes encuentran una explicación poco generosa a la propuesta: no pagar los 35 millones.
