Todos los actos del Gobierno serán impugnables ante los tribunales
Todos los actos del Gobierno serán impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Con la aprobación, ayer por el Congreso, de la Ley del Gobierno y su posterior tramitación en el Senado, todos los actos del Ejecutivo serán sometidos al control político de las Cortes y al jurídico de la jurisdicción contencioso- administrativa y del Tribunal Constitucional.Fue precisamente esta cuestión la única que el PSOE no respaldó del proyecto de Ley del Gobierno, presentado por el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, quien destacó que con este proyecto se cumplía un mandato constitucional inacabado, aunque intentado, por los gobiernos de UCD y del PSOE. Con su aprobación se unifica en un texto toda la normativa dispersa sobre el papel y el perfil de la figura del Gobierno, dijo el ministro.
Cuestiones básicas del proyecto de ley, como la separación del papel del Gobierno del de la Administración y el acotamiento de las tareas del Ejecutivo en funciones, contaron con el consenso generalizado con la única excepción de Izquierda Unida (IU). La ley impide a los gobiernos en funciones plantear referéndums, cuestiones de censura o aprobar leyes de presupuestos, limitando su papel al despacho de cuestiones ordinarias. La ley aprobada ayer también fortalece el papel de los secretarios de Estado, pero no les otorga rango de Gobierno.
Acto político y administrativo
El principal debate se centró en el control de los actos del Gobierno. Gustavo Suárez Pertierra, en nombre del PSOE, insistió en diferenciar los actos políticos de los administrativos. "No se puede obligar a los tribunales a actuar ante los actos políticos. Se les plantean problemas insolubles", dijo el diputado socialista.A su juicio, el control de los actos políticos ya lo ejerce el Parlamento y, de ese modo, "se asegura que ningún acto del Gobierno quede exento de control". Añadió que existe el riesgo de alterar el principio de la división de poderes, además de privar al Tribunal Constitucional y al poder legislativo de la potestad del control político del Ejecutivo.
Jesús López Medel, por el PP, halló "inadmisible" la diferenciación entre los actos administrativos y políticos del Gobierno que, a su juicio, supondría "consagrar la inmunidad y eliminar la tutela judicial". Recordó que la vía de recurso ante el Tribunal Constitucional no es accesible para todos los ciudadanos y añadió que, en todas las acciones de Gobierno, sea cual sea su naturaleza, existen elementos reglados "siempre susceptibles de control jurisdiccional".
