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JUNTA GENERAL DE PRISA

Polanco: "Intentan limitar nuestra independencia"

"Aspiramos a poder trabajar en libertad desde el más escrupuloso respeto de la legalidad"

Jesús de Polanco puso ayer de re lieve, ante la junta de accionistas de PRISA, los resultados alcanzados y pronunció un discurso del que publicamos un amplio extracto."Múltiples han sido y son los problemas y obstáculos a los que tenemos que hacer frente. El origen de ellos no hay que buscarlo en la competencia que se deriva de las condiciones propias de una economía de mercado, abierta y que opera . en libertad. Las trabas han venido impuestas desde fuera, y tratan de impedir el libre desarrollo de nuestras actividades empresariales y de limitar nuestra libertad y nuestra independencia a la hora de informar. Con demasiada frecuencia en estos meses la arbitrariedad ha ocupado el lugar de las reglas y normas necesarias para estructurar de manera equilibrada y con orden la actividad de los medios de comunicación. A menudo, muy a nuestro pesar, el diálogo ha sido sustituido por la agresión y el atropello.He querido esperar a la celebración de esta junta para exponer ante ustedes, como accionistas de PRISA, mis opiniones y mis propios puntos de vista sobre esta cuestión. Hace doce meses nadie podía anticipar algunos de los acontecimientos que luego hemos conocido. Todavía hoy muchos de ellos resultan inexplicables y difíciles de entender desde el sentido común y la racionalidad. Cuando celebramos nuestra anterior junta general estaba en todo su fragor la denominada guerra del fútbol. El conflicto es sencillo en su descripción: los clubes decidieron romper la disciplina de la Liga y comenzaron a comercializar individualmente los derechos de emisión de sus partidos. Se, desató una competencia formidable, casi cainita. Al final del proceso, tres grupos de comunicación -Antena 3 TV, TV-3 de Cataluña y Sogecablenos repartíamos dichos derechos.Otras televisiones autonómicas, como la vasca, la gallega y la valenciana, también participaban de ellos. La conclusión era bien simple: no se podía llegar a una explotación racional de los mismos si no se llegaba. a un acuerdo.

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Desde todas partes, y de manera muy especial desde el Gobierno, se alzaban voces abogando por la necesidad de alcanzar un pacto que pusiera fin, de paso, a las tensiones entre operadores de televisión y grupos de comunicación, que amenazaban con extenderse a otros sectores sociales e incluso afectar a la vida política. Sospechábamos por nuestra parte, y los hechos se encargaron de damos la razón, que desde el poder se había creado y alimentado artificialmente un conflicto para perjudicar los intereses de Canal + y del Grupo PRISA. Pensábamos,en cualquier caso, que era imprescindible llegar a ese acuerdo 37 superar una situación que se quería presentar sin salida. En función de ello, el 24 de diciembre, después de larguísimas y muy intensas negociaciones, suscribíamos un documento con Antena 3 TV y con Televisión de Cataluña, TV-3, por el que se sellaba la paz y se permitía hasta el año 2003 la explotación ordenada de los derechos de retransmisión por televisión de los partidos de fútbol de la Liga profesional y la Copa del Rey. Lo que- era una buena noticia para todos fue recibida por algunos como un desafío a la autoridad del Gobierno. Incomprensiblemente, un acuerdo entre empresas era interpretado como un reto político y aun como una conspiración. En función de esa interpretación interesada y falsa se ha venido actuando a lo largo de estos últimos seis meses. Al día siguiente del acto de presentación pública de Canal Satélite Digital, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto-ley sobre televisión digital vía satélite. En él, so pretexto de la transposición de una directiva de la Unión Europea, se producía una desmedida intromisión que culminaría con los intentos de prohibir la utilización del equipo tecnológico, del descodificador que con plenas garantías legales y técnicas se utiliza en otros países de la Unión Europea. El Gobierno adoptaba de esta forma una posición en abierta contradicción con la libre circulación de mercancías, con el Tratado de Roma y con las directivas de la Comisión Europea. Se legislaba contra nosotros para beneficiar directamente a nuestros competidores, aliados del Gobierno. Hemos incoado las denuncias oportunas e interpuesto los recursos jurídicos al respecto, y estamos seguros de que los tribunales nos darán la razón. Semanas más tarde, en ese mismo clima, se daba una vuelta de tuerca más. A partir de un informe solicitado por un secretario de Estado, según hemos conocido después por las diligencias del sumario, se publicaron un par de artículos en la prensa que sirvieron de base para presentar ante la Audiencia Nacional una denuncia y una querella, en nombre de la acción popular, contra el Consejo de Administración de Sogecable. Las únicas pruebas que se adjuntaban eran los susodichos artículos, y llamó a todos la atención la celeridad con que se tramitaron las primeras diligencias. Con un procedimiento infundado y salpicado de incidentes, se pretende teñir de delictiva nuestra actividad empresarial, sembrar la confusión y quebrar la confianza en nuestras empresas.

Algunos medios de la competencia, en una carrera de sensacionalismo memorable, han azuzado este intento de criminalizar a la cúpula directiva de esta casa, de la que se ha llegado a publicar que pretendía huir de España. Y todavía hoy,- pese a los numerosos informes que existen sobre la limpieza de nuestro proceder, no se han archivado las actuaciones y algunos consejeros de PRISA y otros socios nuestros están sometidos a medidas cautelares.Por si todo ello no fuera suficiente, el Gobierno ha decidido promover un proyecto de ley, tramitado en el Parlamento con carácter de urgencia, sobre las retransmisiones deportivas, expresamente dirigido a expropiar a Canal Satélite Digital los derechos de retransmisión del fútbol en pago por visión. Forzando mayorías parlamentarias que atentan contra la

propia estabilidad política de la legislatura, se ha sacado adelante una norma que contiene claros elementos de inaplicabilidad y aspectos que la hacen contraría al espíritu y la letra de nuestra Constitución.

Repito que, en defensa de nuestros derechos, acudiremos ante todas las instancias que nuestro ordenamiento y nuestra condición de Estado miembro de la Unión Europea nos permita. Pero no deseamos la confrontación con nadie. Nuestra actividad es estrictamente empresarial y no pretendemos echar pulsos de ningún género. Nuestro propósito es dialogar y buscar el entendimiento como siempre hemos hecho. Aspiramos a poder trabajar en libertad desde el más escrupuloso respeto de la legalidad. Nuestra mano ha estado y está tendida.

Es preciso entender que no estamos sólo ante una sucesión de acciones premeditadas contra un grupo de comunicación. No es cuestión de singularizar, ni mucho menos de personalizar. Lo ocurrido en el último año es un ataque contra la libertad de empresa en general y un intento de recortar nuestra libertad de información. Callar ahora, o limitamos de manera miope a buscar una salida para nuestros intereses, nos conduciría con seguridad a lamentarlo mañana. Así lo han comprendido los consejos de administración y los trabajadores de nuestras empresas, que han hecho públicas sus protestas por la situación creada. E igualmente son incontables los lectores y amigos de todo género que se han acercado a nosotros para mostramos su solidaridad, expresada también por la Asociación de Editores de Diarios y por numerosos colegas nacionales y extranjeros. En este sentido, he de agradecer expresamente el manifiesto con firmas de varios cientos de intelectuales que publicó EL PAÍS en apoyo nuestro y ante la virulencia del acoso.

Nació EL PAÍS hace más de veinte años, en difíciles condiciones de competencia, y en competencia hemos desarrollado todos estos años la actividad de nuestras empresas. Desde una posición crítica e independiente hemos convivido durante más de dos décadas con Gobiernos y aun con regímenes de distinto signo. No estamos alineados con ningún partido político, con ninguna opción, cualquiera que sea el precio que ello comporte. Tener una actitud diferente supondría abdicar de nuestra razón fundacional.La independencia es nuestro principal activo. Un patrimonio que no nos pertenece en exclusiva a unos pocos: no es sólo de ustedes, señoras y señores accionistas, ni de los trabajadores o periodistas de nuestras empresas. Pertenece a todos

esos millones de ciudadanos que cada día se dan cita con nuestros medios y nos alientan con su apoyo. Nuestra solidez económica y la solvencia profesional de las mujeres y hombres que trabajan en nuestras empresas son la garantía de calidad de unos medios que queremos continuar mejorando.

PRISA es un grupo de comunicación rentable, fuerte, competitivo y respetado por su trabajo. Y queremos que lo continúe siendo en el futuro. Para ello contamos con su respaldo y con la confianza y el estímulo de millones de ciudadanos. De ustedes y de ellos necesitamos. A ustedes y a todos ellos, muchas gracias".

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