Los 500 días de Ortega Lara

Se acaban de cumplir los 500 días desde que José Antonio Ortega Lara está en manos de sus secuestradores. Volverá así a batir un récord siniestro en la triste crónica de los 45 secuestros protagonizados por ETA en 26 años. Lo realmente dramático de su situación reside en que no tiene salida económica como, por ejemplo, la que sufre Cosme Delclaux o sufrió hace un años, José Aldaya. Sabe que es un rehén político y que su liberación no depende de un cheque relleno de ceros.Cabe imaginar su profunda angustia si se releen las cartas que Aldo Moro escribiera mientras permaneció secuestrado por las Brigadas Rojas. Sólo estuvo, antes de ser asesinado, 55 días. Al undécimo, en su primera misiva, decía: "Soy un prisionero político que vuestra brusca decisión de interrumpir cualquier diálogo referente a otras personas igualmente detenidas pone en una situación insostenible. El tiempo transcurre veloz y, lamentablemente, no disponemos de tiempo suficiente. Cada momento podría ser demasiado tarde. Discuto aquí no en términos de derecho abstracto (aun cuando existen normas sobre el estado de necesidad), sino en , el plano de la oportunidad humana y política y pregunto si no se puede dar a mi problema, con realismo, la única solución posible. La actitud firme puede parecer más apropiada, pero una que otra concesión es no sólo ecuánime, sino incluso políticamente útil".

Son Iíneas redactadas por un dirigente con responsabilidades de Gobierno. Un gran político, con una experiencia entre las más amplias y seguras que haya poseído un cualificado profesional de la política. Ortega Lara, por el contrario, es sencillamente un funcionario de. prisiones. Eficiente en su trabajo y con. el nivel, experiencia, satisfacciones y preocupaciones de cualquier honrado trabajador. El azar le ha situado en el mismo escenario dramático, que a Moro en muchas peores condiciones. Ha multiplicado por 100 los días de su secuestro y carece de los soportes caracterológicos de quien se bregó en la lucha política. Si Moro condenaba en sus últimos escritos el sacrificio de los inocentes, en nombre de un abstracto principio de legalidad, nadie mejor que Ortega Lara puede simbolizar el estado de la inocencia política.

En 500 días se han movilizado millones de palabras, cientos de miles de lazos azules, miles de imágenes y cientos de concentraciones por su libertad. Las fuerzas de seguridad, las dos estatales y la autonómica, no le han encontrado pese a su extraordinario esfuerzo. No han podido responder con eficacia al desafío de ETA y el futuro no resulta optimista al respecto, no porque no cumplan con su cometido, que lo hacen ejemplarmente, sino porque, tres décadas lo indican con claridad, se les pide lo imposible al trasladarles un problema que debería resolverse políticamente. Durante los meses transcurridos, el Parlamento de Vitoria ha aprobado un plan de acercamiento de los presos vascos a Euskadi. HB, que lo denunciaba como sinónimo de dispersión, lo ha votado tras abandonar su propuesta de reagrupamiento. Las tres cuartas partes de la sociedad vasca lo apoyan, según las encuestas.La política de dispersión, nacida tras el fracaso de las conversaciones de Argel, que resultó valiosa y cumplió su papel en un momento determinado, parece haber cumplido su ciclo, pues el problema de la violencia se sitúa hoy en otras coordenadas muy distintas y distantes de las de hace ocho años. A ese claro desfase responde el plan de acercamiento propuesto por los parlamentarios vasos. Su principal mérito, independientemente de su contenido, es hacer un riguroso examen de la realidad actual. Si carece ya de sentido mantener la excepción legal, que define a la dispersión, lo necesario es terminar con la excepcionalidad. Los parlamentarios de Vitoria no plantean un trato privilegiado o la aceptación de un chantaje; plantean el cumplimiento de la legalidad penitenciaria. Podrá ser mejor o peor el contenido del plan que proponen, pero no cabe cuestionar su filosofía de principio. Discútase, pues, de su letra y no de su espíritu.

No termina de entrarse en esta urgente discusión por la situación de Ortega Lara. Al aparecer como una moneda de cambio, se retrasa todo un proceso de reestructuración penitenciaria clave para la pacificación de Euskadi. La cuestión es quién da el primer paso: se libera primero a Ortega o se acerca inicialmente a los presos. Pese a ser dos problemas diferentes, lo que se tiene que dar, porque es legal y justo, no necesita contrapartidas, y ello aunque se argumente que no hay que ceder a la dialéctica del chantaje, porque, como muy bien dice Juan María Atutxa, habría que precisar cuándo se está cediendo al chantaje.

Esta parálisis, motivada por criterios políticos, parece olvidar la tragedia humana que vive el secuestrado. El problema personal de Ortega Lara es de tal índole y alcanza tales dimensiones que probablemente apenas queda tiempo para que su integridad física y psicológica pueda salir intacta de esta inhumana prueba. La crónica de estos 500 días de pulso sobre la vida de una persona, sin que nadie decida cortarlos, claman contra la conciencia, cristiana o laica, de quienes tienen capacidad para quebrar este nudo gordiano que atenaza la existencia del funcionario.

Quinientos días son más que suficientes como para que la dimensión humana del caso Ortega Lara se sitúe por encima de las consideraciones políticas y de las relaciones de fuerza. Corresponde, lógicamente a quienes lo tienen secuestrado, decidir su liberación por razones humanitarias. Sería un gesto muy bien recibido en Euskadi y vendría a sumarse a las múltiples iniciativas que brotan desde el seno de la sociedad vasca en favor del acercamiento de los presos. Son tantos los vascos que preconizan el punto final de su tratamiento diferenciado como los que exigen la puesta en libertad del funcionario. Quienes tienen privado de libertad a Ortega Lara nada más tienen que demostrar prolongando su cautiverio. El tiempo transcurrido ha demostrado que tienen capacidad para mantener simultáneamente dos secuestros. Con su liberación por razones humanitarias demostrarían con hechos lo que expresan con palabras: que apuestan por la vía del diálogo para poner fin a la violencia. Sería un buen espaldarazo, que todas las gentes de buena voluntad desean, para poder hacer creíble a los ojos de todos y no de una minoría su "alternativa democrática".

Pero el Gobierno no debe tampoco escatimar iniciativa política alguna que pueda ayudar a la puesta en libertad de un funcionario al que no se ha podido encontrar. Deben darse pasos que nadie desde la derecha o la izquierda podría política y moralmente condenar al estar en juego la vida de una persona. Que no se hable de debilidad. Nadie ha acusado de tal al Gobierno británico de Blair ante las últimas iniciativas tomadas para la pacificación de Irlanda.

Doce días antes de ser asesinado, Moro enviaba su última carta, que. finalizaba: "Yo no deseo a mi alrededor, lo repito, la presencia de los hombres del poder. Quiero junto a mí a aquellos que me amaron verdaderamente y seguirán amándome y orando por mí. Si todo está ya decidido, que se cumpla la voluntad de Dios. Pero que ningún responsable se oculte tras el cumplimiento de un deber". Aún estamos a tiempo de evitar que Ortega Lara pueda redactar, aunque sea mentalmente, unas líneas análogas con mucha más razón y justificación que el político italiano. Ello será posible si todos extraemos la evidente conclusión de estos 500 días de sufrimiento y dolor.Margarita Robles Fernández, magistrada y ex secretaria de Estado de Interior.