Una apuesta por la solidaridad

Hoy, Primero de Mayo, los trabajadores y trabajadoras, convocados por los sindicatos, se movilizan en todo el mundo para hacer oír su voz, exigir el respeto a sus derechos y exponer las reclamaciones que impone la más elemental justicia social. Año tras año venimos comprobando -y padeciendo- el predominio absoluto del capital en el proceso de globalización de la economía, sin que parezca haber sujetos políticos democráticos capaces de encauzar esta evolución en beneficio de los pueblos, y no sólo de unas minorías.Nuestra lucha, pacífica pero firme y tenaz, comienza por el empleo; y pedimos: "Ahora, empleo estable".

El crecimiento económico necesario para la creación masiva de puestos de trabajo no puede sustentarse en una concepción totalmente degradada del trabajo, que es lo que en tantas ocasiones estamos presenciando en nuestros días. Primero, por una cuestión fundamental: la dignidad del trabajador y su derecho a autodeterminar su propia vida. Segundo, porque el paro, la precariedad y la falta de derechos, en segmentos cada vez más extensos de la clase trabajadora, están produciendo estragos sociales e incluso una quiebra en la sociedad misma que pone en peligro los principios de convivencia y del propio sistema democrático. Y, en fin, porque el enorme paro y la temporalidad -muchas veces de ínfima duración- tal vez son indiferentes para los grandes especuladores financieros, pero resultan perjudiciales para la economía productiva.

Los sindicatos UGT y CC OO, tras meses de difíciles negociaciones, acabamos de firmar con la patronal CEOE-CEPYME los Acuerdos para la Estabilidad del Empleo y la Negociación Colectiva. Hemos tratado de favorecer a los colectivos con más dificultades para acceder al empleo: jóvenes en busca de trabajo, parados de larga duración, mayores de 45 años y minusválidos, y también, naturalmente, a los trabajadores temporales, que en España suman más de tres millones, el 33,6%, el triple de la media europea. Una situación que nuestra sociedad no podía soportar por más tiempo.

Hemos hecho una apuesta de solidaridad, partiendo de una cultura de estabilidad en el empleo que es preciso implantar en nuestro país en beneficio de todos. Y esto supone un giro muy considerable, porque, a partir de ahora, la política de fomento de empleo se hará incentivando la contratación indefinida, y no la temporal como se venía haciendo. Vamos a vigilar y valorar con sumo cuidado los efectos de estos acuerdos -que tienen una vigencia de cuatro años- en el mercado laboral. Si en un plazo prudencial no se producen avances en la mejora pretendida, tendremos que actuar en consecuencia.

Hacemos un llamamiento al Gobierno para que cumpla con lo prometido: que las modificaciones legales precisas se atengan literal y estrictamente a lo estipulado en los acuerdos; que incentive la contratación indefinida, a través, entre otras cosas, de una campaña institucional, amplia y eficaz; que redoble la inspección para eliminar los abusos en la contratación temporal.

En el sector público existe también un número muy alto de trabajadores precarios (temporales, interinos...) entre los que destacan los de enseñanza y sanidad (30%). Para predicar con el ejemplo el Gobierno, a través de los mecanismos específicos previstos en las leyes, debe también proporcionar la necesaria estabilidad a estos trabajadores.

En materia de contratación, los acuerdos mejoran sustancialmente las condiciones del contrato de formación (derogando el de aprendizaje) y del contrato a tiempo parcial, y recupera la figura del fijo-discontinuo.

Refuerzan también la negociación colectiva y las posibilidades de mejorar las condiciones laborales, a través de convenios sectoriales de ámbito estatal. Por otra parte, se proporcionará cobertura a los asalariados afectados por la derogación de las ordenanzas laborales, que rondan los 800.000.

Los acuerdos, por su propia naturaleza, no pueden generar empleo. Pero sí abren una puerta para que lo creen quienes pueden y deben hacerlo: los empresarios, en primer término; también el Gobierno tiene una responsabilidad fundamental en esta cuestión que constituye el problema más grave de nuestro país. El Ejecutivo del señor Aznar no tiene, sin embargo, una política de empleo. Es más, su política económica va claramente en contra de ese objetivo: recortes drásticos en inversiones imprescindibles para el crecimiento, liquidación del sector público productivo, congelación de la oferta pública de empleo, así como de los sueldos de los empleados públicos; todo bajo el imperativo de los dogmas neoliberales qué le llevan también a realizar una política fiscal regresiva y a dejar que se deterioren servicios públicos esenciales, como la educación y la sanidad.

Frente a esa continua erosión al Estado de bienestar, frente a ese permanente acoso a lo público que lleva a cabo el Gobierno de modo sistemático, tenemos que implicarnos al máximo en el trabajo sindical.

Una lucha en la que se reivindican soluciones a problemas muy graves que interesan a la ciudadanía y a toda la sociedad española. Cuando seguimos todavía con un 21,8% de paro y vemos cómo aumentan las desigualdades, la descohesión y la exclusión social, la política que practica Aznar nos obliga a manifestar que España no va bien, o al menos no tan bien; por mucho que se pregonen los logros macroeconómicos, los de la convergencia nominal, aunque éstos no sean atribuibles sólo al Ejecutivo, por cierto. No podremos compartir la machacona y simplista afirmación del presidente del Gobierno mientras no progresemos por el camino de la convergencia real con los países socialmente más desarrollados.

En la jornada que celebramos, el mundo del trabajo se enfrenta con un gran desafío: la mundialización del capital, del gran capital, que maneja a su arbitrio el destino de millones y millones de trabajadores. No cabe replegarse ni ignorar los hechos.

El movimiento sindical internacional, hoy día representado por la CIOSL, tiene que movilizarse estrechamente unido para constituir un contrapoder eficaz y conseguir la mundialización de la justicia social y también de la renovación ecológica. Valores esenciales para una vida digna, de los que se desentiende olímpicamente -si no es para dañarlos- la tiranía de los mercados financieros que caracteriza al capitalismo actual. El sindicalismo tiene que defender alternativas que se basen no en una competencia feroz y devastadora, sino en principios de cooperación, ayuda mutua y solidaridad.

Una solidaridad que nosotros queremos realizar, en primer término, con los cientos de sindicalistas asesinados o que padecen tortura o cárcel en el mundo. Y nos solidarizamos también con los trabajadores inmigrantes, cuya precaria situación se ve agravada por actitudes xenófobas de algunas autoridades y de grupos fascistas, además de por la más inicua explotación por empleadores sin escrúpulos. La proclamación de 1997 como Año Europeo contra el Racismo y la Xenofobia tiene que trascender de una mera proclama para convertirse en una realidad.