Jueces y policía coinciden en pedir garantías en la videovigilancia
Magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo y representantes policiales del Estado y del Gobierno vasco coincidieron ayer en la necesidad de establecer garantías que defiendan la intimidad y la vida privada en la utilización de la videovigilancia para perseguir o prevenir delitos. El debate sobre la futura ley se produjo en las jornadas sobre Turismo y Seguridad Ciudadana organizadas por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.El proyecto de ley orgánica de videovigilancia -en trámite en el Parlamento- fue analizado con el objetivo de potenciar esta herramienta judicial a la vez que se preservan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Rafael Mendizábal, magistrado del Constitucional que considera un error no incluir los cuerpos de seguridad privados en la ley, estimó correcto el intento legal de resolver la tensión entre la seguridad y los derechos fundamentales afectados -especialmente a la imagen y a la intimidad- José Augusto de Vega, presidente de la Sala Segunda del Supremo, exigió que la filmación garantice "que no habrá truco" para que la prueba obtenida no sea invalidada. De Vega recordó que la imagen y sonido puede obtenerse en lugares públicos, pero no en aseos públicos ni domicilios, cuya videovigilancia exige autorización judicial previa.
Ya que el objetivo es obtener pruebas relevantes, las conversaciones o imágenes privadas que se graben se destruirán inmediatamente, según Rafael Ramos, secretario general técnico de Interior, que explicó que las cámaras fijas se autorizarán por un año prorrogable. Los vídeos móviles serán controlados judicialmente en las 72 horas siguientes a su captación. La utilización indebida o el acceso de personas no legitimadas a las cintas se sancionará como falta muy grave con tres a seis años de suspensión.
José Aurteneche, del departamento de Interior vasco, se congratuló del aval judicial a esta iniciativa, utilizada intensamente por la Ertzaintza, que ya ha permitido la detención de un comando de ETA dedicado a la extorsión y de los autores de una paliza a un agente de la policía autónoma.
